La exclusión de los observadores del Pacto Antiyihadista amenaza la unidad

El Ministerio del Interior reunirá mañana al Pacto Antiyihadista para informar sobre las investigaciones sobre los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona), una cita que estará marcada por la supuesta exclusión de Podemos y los partidos nacionalistas que suelen participar como observadores.

La reunión del pacto será la primera desde la que se convocó el 21 de agosto, pocos días después de los atentados yihadistas que costaron la vida a 16 personas e hirieron a un centenar, y servirá para informar de aquellas cuestiones que no estén sometidas al secreto de la investigación judicial que dirige en la Audiencia Nacional el juez Fernando Andreu.

Asimismo, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, tiene pensado comunicar las medidas preventivas activadas desde Interior, plantear “las posibles reformas que se puedan acometer” y analizar el grado de coordinación de la Policía Nacional, la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra respecto a los atentados.

Pero la reunión llega precedida por críticas de Unidos Podemos y el PNV por la supuesta exclusión de los partidos que, como es su caso o el del PDeCAT y ERC, acuden como “observadores”, aunque no hayan suscrito el acuerdo por sus discrepancias con sus medidas penales.

Todo ello por el contenido de un escrito de Interior que, al menos en el caso de Unidos Podemos, planteaba que, si su portavoz tenía interés en asistir a la cita, “y suscribirse por tanto al acuerdo”, debía comunicarlo lo antes posible.

Aunque Interior no se ha pronunciado al respecto, el portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, ha sido claro: “Tienen que saber que no es lo mismo firmarlo que no firmarlo; si quieren ir, que firmen”.

También Ciudadanos comparte ese planteamiento y apoya dejar fuera a los observadores. “O se está dentro o se está fuera del pacto”, ha dicho su portavoz de Interior, Miguel Gutiérrez.

Ante esa tesitura, Podemos ha decidido asistir a la cita, pero con determinación de no suscribir el acuerdo, pues mantiene los mismos reparos que cuando se puso en marcha en 2015. Por contra, el PNV no asistirá, y los partidos independentistas catalanes aseguran que ni siquiera han sido invitados.

En la última reunión del pacto, las fuerzas minoritarias animaron a esos partidos a suscribirlo para reforzar la unidad contra el terrorismo, pero, finalmente, los acontecimientos indican que esa unidad se ha fracturado.

La gestión de los atentados abrió una nueva brecha entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña y entre los distintos cuerpos de seguridad, con denuncias de sindicatos y asociaciones de la Policía y la Guardia Civil de haber sido excluidos de las pesquisas.

Se cuestionó a los Mossos por supuestamente desoír avisos de un policía belga sobre el imán de Ripoll y pieza clave en los atentados, Abdelbaki Es Satty. También se les criticó por su gestión de una alerta sobre un posible atentado en las Ramblas.

Todo ello antes de que el Ministerio asumiera el control de la Policía autonómica en aplicación del artículo 155 de la Constitución tras la declaración unilateral de independencia y cesara al mayor Josep Lluís Trapero, investigado en la Audiencia Nacional por el “procés” soberanista.

Entre tanto, el CNI admitió haber tenido contactos con el cerebro de los atentados, el imán de Tipoll Es Satty, cuando cumplía condena en Castellón por narcotráfico. Esos contactos se mantuvieron “dentro de los protocolos normales de actuación”, al igual que los tuvieron otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, según el espionaje español.

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, sin embargo, llegó a sugerir que esa supuesta “deslealtad” del CNI podría haber impedido “evitar un atentado y muchos muertos”.