La exdirectora financiera del Canal pide al juez poder defenderse en libertad

La exdirectora del Canal de Isabel II María Fernanda Richmond, en prisión bajo fianza de 4 millones de euros por el caso Lezo, ha pedido al nuevo instructor de esta causa, el juez Manuel García Castellón, poder defenderse “desde la libertad”, durante la declaración que ha prestado hoy a petición propia.

Coincidiendo con la llegada del nuevo juez, otros imputados en la causa han solicitado volver a declarar, entre ellos Edmundo Rodríguez Sobrino, representante en Latinoamérica del Canal y considerado “hombre fuerte” en esa zona del expresidente madrileño Ignacio González, ambos en prisión provisional. Atendiendo a su petición, el juez le ha citado para el próximo martes, día 11.

En cuanto a Richmond, fuentes de su defensa han explicado que la ex directora financiera del Canal tenía interés en volver a declarar para poder aclarar ciertos aspectos de su gestión, que consideraba que no había podido detallar cuando fue detenida al no estar en ese momento en condiciones para ello, dado que compareció ante el juez Eloy Velasco el 20 de abril a las diez de la noche tras permanecer en calabozos desde las cuatro de la tarde.

Su intención con esta declaración, que se ha prolongado dos horas y media, ha sido la de concretar al juez las acciones en las que intervino con respecto a la compra irregular de la empresa brasileña Emissao, hechos por los que se le acusa de delitos de organización criminal, prevaricación, falsedad documental y malversación de fondos públicos.

En este sentido ha relatado que llegó a la directiva del Canal en 2007 y a partir de ahí ha tratado de reconstruir toda su trayectoria en el Canal, aportando documentación, y responsabilizándose únicamente por sus acciones.

Sin embargo, otras fuentes presentes en la declaración han apuntado a Efe que lo dicho por Richmond no ha supuesto una confesión de los hechos delictivos que se le imputan y tampoco de colaboración con la Justicia.

Por estos mismos hechos está acusado el exgerente del Canal Adrián Martín, quien quedó en libertad tras pagar 100.000 euros de fianza, y en ello se apoya el abogado de Richmond para solicitar al juez una rebaja de la fianza de su clienta y se la equipare a la de su jefe en el Canal de Isabel II.

El pasado junio, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ratificó la prisión provisional de Richmond y no vio “desproporcionada” la fianza impuesta para eludir la cárcel, tal y como alegaba su defensa.

La Sala entendió que en su caso persistía el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas al estar investigada por “desvíos de dinero público madrileño (25 millones de dólares) que así pasaban a cuentas bancarias en terceros países con opacidad” y de este modo enriquecía “a determinadas personas” a costa de la desaparición del patrimonio del Canal.