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Los expresidentes polacos se unen frente a "maniobras antidemocráticas" del Gobierno

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Los expresidentes polacos se unen frente a "maniobras antidemocráticas" del Gobierno

Los expresidentes polacos se unen frente a "maniobras antidemocráticas" del Gobierno

Los tres expresidentes de la democracia moderna polaca, Lech Walesa, Aleksander Kwasniewski y Bronislaw Komorowski, unieron hoy su voz en una carta abierta para denunciar "las maniobras antidemocráticas" de Ley y Justicia, el partido nacionalista y conservador gobernante.

"Ante la amenaza que plantean una serie de decisiones antidemocráticas y anticonstitucionales del gobierno de Ley y Justicia, nos posicionamos firmemente en defensa de las libertades fundamentales de los ciudadanos y como garantes del estado de derecho de la República de Polonia", señalan en su misiva.

La Iglesia católica polaca, una institución con fuerte peso en la sociedad de ese país, también se pronunció sobre la división que han abierto las reformas del sistema judicial impulsadas por el Ejecutivo.

Un portavoz de la Conferencia Episcopal polaca pidió a las fuerzas políticas "diálogo" a la hora de abordar la controvertida reforma judicial, para llegar a un acuerdo "en beneficio del bien común".

Por su parte, el bloque creado por la mayoría de la oposición parlamentaria en Polonia (Plataforma Ciudadana, Nowoczesna y Partido Campesino) aseguró que defenderá el orden constitucional del país por vía parlamentaria, en las calles y usando todas las armas legales de las que se dispongan.

A las reacciones internas se suman las declaraciones hoy del vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, quien abrió la puerta a la activación del artículo 7 de los tratados europeos, que implicaría la suspensión del derecho a voto de Polonia en las reuniones del Consejo de la Unión Europea (UE), en respuesta a las reformas judiciales del Gobierno de Varsovia.

El Parlamento polaco aplazó hoy temporalmente la votación de la última reforma, la del Tribunal Supremo, y remitió a una comisión parlamentaria el polémico proyecto de ley.

La norma contempla modificar el sistema de nombramiento de los miembros del Supremo, lo que supondría el cese inmediato de todos los magistrados que actualmente conforman la institución, y los críticos la consideran una violación de la Constitución.

Prevé además la creación de un consejo judicial que colaboraría con el ministerio de Justicia, con capacidad para obligar al Tribunal a atender casos con prioridad o reabrir asuntos ya cerrados.

Este proyecto de ley se suma a otras dos normas aprobadas el pasado miércoles por el Parlamento que, según los críticos, suprimen la autonomía del máximo órgano de autogobierno del poder judicial, sometiéndolo al control del Gobierno, y extienden el control del ministerio de Justicia a los tribunales regionales y de apelación.

Estas dos leyes fueron aprobadas con los únicos votos de Ley y Justicia, con mayoría absoluta desde su victoria en 2015, que como en ocasiones anteriores ha ignorado las protestas de la parte de la ciudadanía y de las instituciones de la Unión Europea.

Para que estas leyes entren en vigor han de ser ratificadas por el presidente del país, Andrzej Duda, vinculado al partido Ley y Justicia y hasta ahora condescendiente con las normas propuestas por esta formación.

Sin embargo, ayer Duda daba una sorpresa al amenazar con no ratificar el proyecto de ley sobre el Tribunal Supremo si antes no se modifica la reforma del órgano de gobierno de los jueces aprobada la pasada semana.

El presidente polaco pidió que se eleve la mayoría parlamentaria necesaria para designar a los representantes del máximo órgano de gobierno del poder judicial hasta las tres quintas partes de la cámara.

Ley y Justicia cuenta con una mayoría absoluta aunque inferior a ese umbral, lo que le exigiría pactar con otra fuerza política para proceder a los nombramientos.

En diciembre del año pasado Ley y Justicia ya aprobó otra polémica reforma, la del Tribunal Constitucional, una medida criticada por la Unión Europea, que decidió abrir un procedimiento para determinar si el Gobierno polaco ha vulnerado con sus medidas el Estado de derecho.

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