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El exsecretario general de UGT-A declara por fraude con facturas falsas

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El exsecretario general de UGT-A declara por fraude con facturas falsas

El exsecretario general de UGT-A declara por fraude con facturas falsas

El juez de Instrucción 9 de Sevilla, Juan Jesús García Vélez, que investiga el presunto fraude de UGT-A mediante facturas falsas a través de las subvenciones para cursos de formación, ha citado a declarar mañana como imputado al exsecretario general del sindicato Francisco Fernández Sevilla.

Su antecesor en el cargo, Manuel Pastrana, también había sido citado para mañana y ha mostrado su disposición a declarar, pero no irá por la enfermedad degenerativa que padece.

Los dos exsecretarios generales están acusados por el juez de los delitos de falsificación y fraude de subvenciones entre el 2009 y el 2013, y la Fiscalía Anticorrupción considera que son responsables de la financiación ilegal de UGT-A por medio de "la defraudación generalizada en las subvenciones recibidas relativas a fondos de formación".

Para estas declaraciones, el juez ha solicitado una sala especial de vistas en la que quepan los abogados de los 17 acusados y los que ejercen las acusaciones en representación del PP, UPyD y Manos Limpias.

El juez ha destacado en sus citaciones judiciales que el vicesecretario de Administración y Recursos Humanos de UGT-A, Federico Fresneda, fue "contundente" en su testimonio cuando ratificó la implicación de Pastrana y Fernández Sevilla en la creación de una central de compras de este sindicato que considera el "mecanismo esencial" en el fraude que investiga.

El juez explica que esta central de compras se concretaba en la técnica de rápel, que permitía a UGT lucrarse con los descuentos que los proveedores le realizaban en las facturas y que no se declaraban a la Administración que les concedía la subvención.

La central de compras también se nutría con el denominado "bote", informatizado y controlado mediante el programa informático Sypro, a través del cual el sindicato se financiaba con cargo a un saldo acreedor, generado mediante el pago a proveedores de facturas simuladas que no correspondían a servicio prestado alguno pero que se imputaban a programas subvencionados, señala el juez.

Según la Fiscalía Anticorrupción, Pastrana y Fernández Sevilla son responsables de la financiación ilegal de UGT-A por medio de "la defraudación generalizada en las subvenciones recibidas relativas a fondos de formación".

Pastrana, secretario general desde 1998 a 2013, y su sucesor, que en ese periodo era secretario de organización, participaron en la denominada "central de compras" del sindicato.

La actividad ordinaria de UGT-A se sufragaba con fondos que realmente procedían de subvenciones destinadas a formación, asegura Anticorrupción.

Para sus conclusiones, la Fiscalía tiene en cuenta las declaraciones Fresneda, que señaló a Pastrana y Fernández como los que decidían en la ejecutiva las empresas que pagaban el "rápel", compañías con las que mantenían una "intensa relación".

Además, cuando desde el departamento de compras se quería incorporar nuevos proveedores, Fresneda sistemáticamente obstaculizaba esta posibilidad a pesar de contar los nuevos proveedores con condiciones más ventajosas para el sindicato, según la Fiscalía.

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