El grupo de trabajo de financiación autonómica del Parlamento andaluz somete este viernes a votación las propuestas

La sesión del grupo de trabajo se desarrollará a partir de las 10,30 horas en la sede de la Cámara.

Este grupo de trabajo se constituyó el septiembre de 2017 con el objetivo de analizar el actual modelo de financiación autonómica y tratar de consensuar una posición común de los partidos andaluces en defensa de los intereses de la comunidad autónoma de cara al debate del nuevo sistema de financiación. El grupo de trabajo ha contado con varias comparecencias de expertos.

Durante la primera semana de este mes, los grupos presentaron sus respectivos documentos de conclusiones sobre el grupo de trabajo.

Así, el PSOE-A denuncia la infrafinanciación de Andalucía y ha cifrado en 4.000 millones de euros los recursos adicionales que necesita esta comunidad para la financiación de servicios públicos, y que deben ser aportados con el nuevo sistema de financiación autonómica.

En su documento aboga además por “acabar con la opacidad” en el método de cálculo del cupo vasco y la aportación navarra, así como arbitrar algún mecanismo que permitiera evaluar que estas comunidades, directamente o a través de la Administración General del Estado, se vinculan con las comunidades de régimen común.

El portavoz del Grupo Socialista, Mario Jiménez, anunció que en esta semana desarrollaría una nueva ronda de contactos con las demás formaciones para tratar de cerrar un acuerdo en defensa de los intereses de Andalucía de cara al nuevo modelo de financiación autonómica. Ha reprochado al PP-A que en su documento no admita que Andalucía está infrafinanciada.

El PP-A rechaza en sus conclusiones al grupo de trabajo alterar de forma significativa la cesta de impuestos cedidos y aboga por estudiar variables como la pobreza, el paro, el índice de precios regionales, entre otros indicadores.

Sobre el principio de suficiencia, cree que debería hacer que el nuevo sistema de financiación lleve a una nivelación total de los servicios públicos que prestan las comunidades. “De esa forma, al estar todas las comunidades financiadas en igualdad de financiación per cápita a competencias homogéneas la cláusula de ordinalidad pierde sentido, ninguna estaría financiada por encima o por debajo de la media”, asegura.

Para el PP-A, nunca la suficiencia del sistema ha de ser “coartada” para que los gobiernos autonómicos utilicen los recursos financieros sin atender a criterios de eficacia y eficiencia con actuaciones que excedan de las competencias establecidas, que incrementen la estructura política o que dupliquen y solapen actuaciones mediante un crecimiento desmesurado del sector público empresarial o para establecer embajadas autonómicas en el extranjero, entre otras cuestiones.

INFRAFINANCIACIÓN

Por su parte, Podemos Andalucía plantea reformas del sistema actual para paliar los dos principales problemas que son, a juicio de la formación morada, la “insuficiencia” del sistema de financiación actual y la “infrafinanciación” a la que está sometida Andalucía, todo ello sin recurrir a copagos o a la subida de impuestos indirectos.

“El sistema tiene que encontrar solución a estos dos problemas para preservar los servicios públicos fundamentales en las condiciones de igualdad y calidad que merecen los andaluces”, según Podemos.

Ciudadanos reclama en sus conclusiones dotar a las comunidades de competencias normativas sobre un tramo de los principales tributos indirectos, posibilitando la creación de mecanismos específicos de financiación para aquellas comunidades que decidieran aumentar los catálogos de servicios.

Señala que dada la oposición de la Comisión Europea a cualquier cambio normativo que pueda abrir la puerta a la existencia de tipos impositivos diferenciados regionalmente, “el poder de decisión sobre el tramo autonómico del IVA y los Impuestos Especiales deberá ejercerse de forma colegiada por el conjunto de las comunidades, que habrán de fijar tipos uniformes en todo el territorio nacional”.

Por último, IULV-CA ha defendido que el nuevo modelo de financiación autonómica debe aportar para Andalucía 5.000 millones de euros adicionales al año al objeto de que pueda financiar sus servicios públicos, toda vez que entiende que el sistema debe aumentar en 18.000 millones a nivel estatal.

Asimismo, entre otros planteamientos, la coalición de izquierdas apuesta por recuperar el autogobierno de las comunidades autónomas eliminando mecanismos como el FLA; la nivelación total de los servicios suprimiendo el principio de ordinalidad, o garantizar la equidad y la progresividad en el ámbito fiscal.