El fiscal mantiene la petición de 7 meses de cárcel a Gordillo por ocupar una finca

La Fiscalía Superior de Andalucía ha mantenido hoy en sus conclusiones definitivas su petición de siete meses de cárcel para el diputado autonómico Juan Manuel Sánchez Gordillo (IU) por un delito de desobediencia grave durante la ocupación en verano de 2012 de la finca militar Las Turquillas.

Esta solicitud del Ministerio público, efectuada en el juicio que se ha celebrado en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Granada, es también extensible al portavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Diego Cañamero, y a otros dos de los 54 encausados.

El teniente fiscal Guillermo Sena ha retirado la acusación para una de las acusadas -única mujer que ha comparecido en el juicio junto a otros dos procesados- por entender que no está probada su participación activa y la ha mantenido respecto a los 53 restantes en cuanto al delito de usurpación por el que solicita una multa.

La acusación pública ha reconocido que no se ha podido identificar a los autores de los daños materiales producidos en la finca de Osuna (Sevilla) y ha retirado también la falta de daños que imputaba provisionalmente al entender que ésta ya queda comprendida en el anterior delito de usurpación.

El fiscal, que ha hecho por tanto “ligeras” modificaciones sobre el relato y la calificación de los hechos, ha aclarado que no pone “en tela de juicio en ningún momento” los fines sociales y sindicales del SAT para la mejora agrícola de la finca y la creación de puestos de trabajo.

No obstante, ha apostillado que “no puede decir lo mismo” de los medios empleados en este caso, que considera delictivos dado que se produjo una ocupación “sin autorización alguna” y con una oposición “expresa” de su propietario, el Ministerio de Defensa.

Por su parte, la Abogacía del Estado, que eleva la petición de cárcel para el diputado de IU, Cañamero y otros dos “cabecillas” del SAT a dos años, ha mantenido que los hechos constituyeron delitos de usurpación, daños y desobediencia grave, si bien ha retirado éste último para 50 de los restantes procesados.

Las defensas han solicitado al TSJA la libre absolución de todos los encausados al no apreciar delitos en estos hechos y han recordado que la protesta sólo se hizo con el fin de presionar para que los entes públicos-políticos dieran de una vez una solución al desempleo de los jornaleros de la comarca.

En la segunda y última jornada del juicio, en la que tampoco hoy han estado presentes Sánchez Gordillo ni Cañamero -que se han quedado a las puertas del Tribunal-, han comparecido durante más de dos horas un total de seis testigos, cuatro propuestos por la Fiscalía y otros dos por las defensas.

Los cuatro primeros testigos, responsables militares y de la Guardia Civil, han reconocido la existencia de daños en la finca y que comunicaron a los acampados que no tenían autorización para la ocupación, mientras que los dos restantes han recordado las pretensiones que tenía el SAT con una acción que consideran “simbólica”.