El fiscal rebaja a 4 años la pena para los presuntos integrantes de Anonymous

El fiscal ha rebajado la petición de pena para los tres presuntos integrantes del colectivo Anonymous acusados de un ataque informático para bloquear las páginas web del Congreso, de la Junta Electoral y de UGT, en mayo de 2011 a cuatro años, tres meses y 17 días de prisión, en un juicio que hoy ha quedado visto para sentencia.

En la lectura de las conclusiones finales en la vista oral que se ha celebrado ayer y hoy en el Juzgado de lo Penal número 3 de Gijón, ciudad donde reside uno de los acusados, la Fiscalía ha solicitado asimismo una multa de 1.400 euros para cada uno de ellos, además del pago de una indemnización de 700 euros al Congreso.

El fiscal ha justificado la rebaja en su solicitud, que en un principio era de cinco años y cuatro meses para Rodrigo T. y Yuri L. y de cinco años para José María Z., por haber transcurrido casi cinco años desde su detención.

Asimismo, ha rebajado la atenuante de colaboración aplicado al último de ellos tras retractarse de la declaración policial en la que reconocía los hechos.

Los tres acusados negaron ayer en la primera sesión del juicio su participación en el sabotaje, así como su vinculación al colectivo Anonymous aunque la Policía les considera la cúpula de la organización en España.

El fiscal ha argumentado en sus conclusiones finales que la conducta de todos los acusados “encaja perfectamente” en el delito de pertenencia a grupo criminal y que queda acreditada la comisión de un delito informático porque el bloqueo a la web de la Junta Electoral Central supuso la “obstaculización” de acceso en el marco de un proceso electoral, un hecho que ha calificado “grave”, si bien ha afirmado que no se dejó inaccesible y fueron paradas temporales.

Ha afirmado que Rodrigo T. fue una parte “esencial” en el sabotaje a las páginas web al administrar la infraestructura y facilitar la información básica para el ataque, además de animar a otros usuarios a participar en los hechos.

Sobre Yuri L. ha asegurado que colaboró en los hechos facilitando instrucciones y datos a otros usuarios y ha recalcado la importancia de que en su ordenador se encontrase una carpeta denominada “ataques” dirigida a la comisión de ese bloqueo.

Con relación a José María Z., ha dicho que la declaración que prestó tras su detención ante los agentes en la que reconoció los hechos, de la que se ha desdicho en el juicio, es “perfectamente válida y legítima”, aunque su defensa ha alegado que no puede servir para “destruir su presunción de inocencia” al carecer de “virtualidad”.

También ha constatado la “correcta” actuación de los agentes implicados y en el caso particular del policía que accedió al chat para ganarse la confianza de los implicados y averiguar su identificación ha negado que se tratase de una figura “encubierta” sino que llevó a cabo una investigación para determinar si los hechos podían ser constitutivos de delito.

En las conclusiones finales, el abogado de Rodrigo T., que negó haber participado en el ataque cibernético y pertenecer al colectivo Anonymous, ha afirmado que su cliente ha sufrido un “ataque brutal y desproporcionado” en todo el proceso y no tiene relación con los delitos que se denuncian.

Ha llamado la atención sobre el hecho de que el fiscal haya solicitado responsabilidades civiles “cuando ha quedado acreditado” que el incidente no supuso ningún coste al tiempo que ha reiterado que entre los acusados nunca hubo ningún tipo de relación, además de poner en cuestión las garantías con las que se ha llevado a cabo las pruebas que se han expuesto en el juicio y la “defectuosa investigación policial”.

El letrado de Yuri L. ha señalado que ninguna prueba sitúa a su defendido en el lugar de los hechos y ha denunciado el “ejercicio de memoria selectiva” de los policías que han testificado en la vista oral.

“Ha sido una investigación policial encaminada a crear un determinado clima social durante el 15 M”, ha dicho posteriormente en declaraciones a los periodistas, ante quienes han denunciado las irregularidades del proceso en el que “se han manipulado la prueba” por lo que estudiará la posibilidad de iniciativas legales contra los agentes que han participado en la investigación y el comisario jefe de la Brigada Investigación Tecnológica de aquel momento.

El abogado de José María Z. ha negado la existencia de los delitos que se le imputan a su cliente y que se haya producido daño alguno y ha advertido de que la persona que denunció el ataque a la web de la Junta Electoral, un empleado de la casa, no ha sido llamado para comparecer en el juicio ni a responsables de UGT y el Congreso.

Asimismo, ha puesto en duda la credibilidad del agente que participó en los chats para averiguar la identificación de los acusados y la actuación de los agentes que no accedieron al servidor de la Junta Electoral en el momento del bloqueo.