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La Fiscalía pide al juez del ‘caso Neurona’ que compruebe si una asesora de Podemos trabajó como cuidadora de la hija de Montero

La ministra de Igualdad, Irene Montero.

Elena Herrera

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La Fiscalía insta al juez de Madrid que investiga a Podemos, Juan José Escalonilla, a que abra una pieza separada para indagar en la presunta contratación de trabajadores del partido para “servicios personales” por parte de Irene Montero; en las donaciones a dos fundaciones próximas a a la formación, la escuela popular Pablo Freire y la Fundación 25M; y en el supuesto cobro irregular de costas por algunos de sus miembros. Así lo señala la fiscal del caso en un escrito remitido al juzgado donde se opone a que los “hechos nuevos” que trasladó en un escrito al juzgado la exabogada de Podemos Mónica Carmona se archiven sin más, como reclamó Podemos.

Carmona, que fue despedida en diciembre de 2019, afirmaba en ese documento que “Irene Montero habría contratado a un miembro del partido como cuidadora de sus hijos”. La fiscal recuerda que aportó documentación relativa a que Montero viajó con su hija y la asesora a un acto de campaña y que además aseguró que había tenido conocimiento “por noticias en prensa de una situación similar en relación a otra persona miembro del partido que según la noticia actuaría como escolta” de la ministra.

En es mismo escrito también aludía al cobro de costas por parte de responsables del partido que habían sido defendidos no por abogados particulares sino del propio partido y a las donaciones a la escuela Pablo Freire y a la Fundación 25M, que ella vinculó con un “uso fraudulento” de la 'caja de solidaridad', el fondo al que los dirigentes del partido hacen donaciones de sus sueldos para destinarlas a proyectos sociales.

La Fiscalía considera que el escrito de Carmona es una “ampliación” de la denuncia que presentó en su momento el también exabogado de Podemos José Manuel Calvente y que es preciso un “pronunciamiento” sobre estos hechos para ver “si revisten caracteres de delito y si deben ser investigados en el presente procedimiento”. La denuncia que Calvente presentó ante la Guardia Civil en diciembre de 2019 ha dado lugar a un procedimiento por el que está imputado el partido como persona jurídica y varios altos cargos.

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