El fundador de Zed, en prisión, citado el jueves ante el juez

El fundador de Zed, Javier Pérez Dolset, en prisión provisional desde el pasado 30 de junio, declarará el próximo jueves ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, instructor de la causa en la que se investiga un supuesto fraude de esta empresa tecnológica.

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, García Castellón ha vuelto a citar a Dolset, quien ya compareció ante este magistrado el 30 de junio tras ser detenido pero se acogió entonces a su derecho a no declarar.

Dolset fue detenido un día antes junto a otras siete personas dentro de una causa centrada en el fraude de subvenciones de la tecnológica Zed Worldwide que supuso, según la Fiscalía Anticorrupción, un perjuicio patrimonial de más de 100 millones de euros.

El fundador de Zed es el único de los ocho arrestados en prisión. Tras negarse a contestar a las preguntas del juez y ante la petición de los fiscales de enviarle a la cárcel, Dolset afirmó al magistrado que está arruinado y sólo tiene 110.000 euros en una cuenta corriente, que invirtió todo su dinero en Zed y que no es cierto que tenga fondos en Panamá (110 millones, según la Fiscalía).

La Fiscalía investiga a los imputados desde hace más de un año a raíz de una querella que interpuso el propio Dolset contra sus socios rusos, que acabó destapando un desvío de fondos por parte del empresario y un fraude en ayudas concedidas por el Gobierno entre 2011 y 2014.

Durante la investigación en la Fiscalía, que derivó en una querella de Anticorrupción ante la Audiencia Nacional, se tomó declaración a numerosos trabajadores de Zed y algunos de ellos reconocieron que les contrataron para no hacer nada en proyectos relacionados con las subvenciones.

En la querella contra 19 personas figura como investigado el presidente de La Razón, Mauricio Casals, quien supuestamente medió en los ministerios de Industria y Economía para que se concedieran esas subvenciones.

Según la Fiscalía, estas personas generaron un perjuicio “millonario” que se proyectaría “directamente entre los accionistas de la compañía, las entidades de crédito que aportaron financiación a la misma y los organismos públicos que le concedieron subvenciones”.

Y apunta a que en el caso de los organismos públicos, existe una “deuda pendiente de pago con las administraciones públicas por importe de 28.426.732,72 euros, a los que hay que añadir 14.220.156 euros en subvenciones ilícitamente obtenidas (no sujetas a devolución)”.

Considera Anticorrupción que es un fraude “de gran complejidad” dado que muchas de las acciones que llevaron al grupo a situación de insolvencia se ejecutaron en el extranjero y además “existen indicios de que algunos de los autores de los hechos ocultaron capitales en sociedades opacas ubicadas en territorios como Panamá”, considerado un paraíso fiscal.