El gobierno griego pospone una ley con medidas sociales por presión de los acreedores

El Gobierno griego ha tenido que aplazar a enero por presiones de los acreedores la votación de un conjunto de medidas que contemplan paliar el impacto de las políticas de austeridad y que se bautizó como el “programa paralelo”.

Fuentes del Gobierno citadas por varios medios señalaron que la votación, prevista inicialmente para el próximo lunes, tendrá lugar después de que se hayan consultado las medidas con las instituciones de la denominada cuadriga (Comisión Europea, Banco Central Europeo, Mecanismo Europeo de Estabilidad y Fondo Monetario Internacional).

Según los medios locales la cuadriga vinculó el desembolso del subtramo de los 1.000 millones de euros, que se prevé para las próximas 24 horas, a la retirada del borrador del ley.

La reacción de los acreedores no se debía tanto al coste de estas medidas, sino a que no habían sido previamente consultados.

Con este “programa paralelo” el Gobierno del primer ministro Alexis Tsipras quería lanzar un mensaje tranquilizador hacia sus propias filas, que a comienzos del año deberán afrontar votaciones mucho más controvertidas que las que condujeron al reciente desembolso de 2.000 millones de euros y a los 1.000 millones pendientes.

Se trata de la reforma de pensiones y la reforma laboral, dos asuntos que han levantado muchas ampollas.

El borrador de ley, que ya se ha empezado a debatir en comisiones, prevé prolongar en un año las ayudas alimentarias para pobres y el almuerzo gratuito en escuelas de barrios desfavorecidos, ofrece seguro médico a los desempleados de larga duración y permite a la administración local elaborar programas sociales.

La sesión del miércoles en la comisión parlamentaria competente había comenzado ya con una fuerte disputa entre los partidos del Gobierno y de la oposición.

La conservadora Nueva Democracia, el centrista Potami y el socialdemócrata Pasok acabaron por abandonar el debate después de denunciar la ausencia de informes de la oficina de contabilidad del Estado sobre el coste preciso de cada una de las medidas.

El tercer programa de rescate de Grecia prevé que toda ley que tenga implicaciones económicas debe ser consultada con los acreedores antes de su tramitación parlamentaria.