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El hermano del presidente de Guatemala será juzgado por lavado de dinero

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El hermano del presidente de Guatemala será juzgado por lavado de dinero

El hermano del presidente de Guatemala será juzgado por lavado de dinero

Una jueza de Guatemala confirmó hoy que Samuel Morales, hermano del presidente del país, Jimmy Morales, será juzgado por el delito de lavado de dinero, después de que una Sala de Apelaciones revocara un sobreseimiento por un caso de supuesto fraude al Estado en el año 2013.

La jueza Silvia de León, a cargo de la causa, acató así una orden de la Sala Tercera de Apelaciones Penal del pasado 10 de julio, en la que se decretaba que Morales debía enfrentar el juicio también por lavado de dinero, el mismo por el que la jueza había decretado el cese.

El hermano del presidente ya había sido enviado a un juicio oral y público el 27 de mayo por el delito de fraude, igual que el hijo del mandatario José Manuel Morales Marroquín, de 23 años.

Morales Marroquín y su tío fueron arrestados después de que el pasado 18 de enero un Juzgado de Guatemala los procesara por su implicación en tres adjudicaciones irregulares en el Registro General de la Propiedad (RGP), por valor equivalente a unos 26.000 dólares.

Según la investigación, José Manuel y Samuel no se beneficiaron económicamente de las tres compras realizadas de manera irregular, pero sí hicieron un "favor ilícito" para beneficiar al exsuegro del hijo del mandatario, Mario Estuardo Orellana López, quien también fue enviado a juicio por lavado de dinero.

A Mario Estuardo Orellana la Sala también le añadió el delito de fraude en forma continuada, decisión que también confirmó este martes la jueza.

Por este causa también se había enviado a juicio, pero por defraudación tributaria, a Abdy Estrada de Orellana, madre de la exnovia de José Manuel Morales.

Esos tres actos irregulares fueron descubiertos por las autoridades durante una investigación mayor que reveló que entre enero de 2012 y mayo de 2015 se autorizó la firma de 16 contratos laborales anómalos en el RGP, conocidos como "plazas fantasmas" (ficticias), los cuales recibieron más de 3 millones de quetzales (unos 400.000 dólares) como remuneración por un trabajo no realizado.

Por esta trama, más de una veintena de personas serán enjuiciadas, entre ellas la extitular de la entidad Anabela de León.

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