El juez impone una fianza civil de 8,1 millones de euros a Urdangarin y Torres

El juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha fijado este miércoles una fianza solidaria de responsabilidad civil de 8,1 millones (en concreto, 8.189.448,44 euros) para Iñaki Urdangarin y su exsocio en el Instituto Nóos, Diego Torres, por las posibles responsabilidades pecuniarias que puedan declararse en su contra en esta pieza que investiga el desvío de fondos públicos al Instituto Nóos.

En un auto de más de 500 páginas, el magistrado les da un plazo de cinco días para el pago, desde el siguiente a la notificación. El magistrado ha acordado fijar dicha fianza para cubrir posibles responsabilidades pecuniarias que pudieran declararse en su contra en esta pieza separada del caso Palma Arena.

La cifra se ajusta a los 8,1 millones que habían solicitado la Fiscalía y la acusación popular que ejerce la asociación Manos Limpias. Y responde a todo el dinero público cobrado por Instituto Nóos, más un tercio de penalización.

Los argumentos de la Fiscalía, aceptados por el juez, sostienen que Instituto Nóos, la asociación que con Urdangarin al timón navegó viento en popa gracias a carísimas y cortísimas jornadas institucionales sobre turismo y deporte, jamás fue una ONG sino la cabeza de puente de una trama societaria nutrida con fondos públicos. Una tapadera -o “cobertura”- que captó millones de la Generalitat valenciana y el Govern balear mediante convenios de colaboración vedados a las sociedades mercantiles.

El auto del juez establece que la actividad de los dos imputados al frente de Nóos fue “premeditadamente delictiva”.

Urdangarin y Torres crearon el Instituto Nóos para aparentar que no perseguían fines lucrativos y acceder así a fondos públicos mediante convenios. El juez señala que el duque de Palma y su exsocio crearon la entidad porque si se presentaban mediante una compañía mercantil privada no podrían acceder a financiación pública.

Al aparentar que no perseguían fines lucrativos, el instituto permitía además al duque de Palma y a su exsocio “rodearse del prestigio social derivado de las actuaciones altruistas”, y evitar suspicacias por parte de terceros al financiarse básicamente con fondos públicos.

En resumen, el ministerio público mantenía que, al aparecer como capitanes de una asociación altruista sin aparente ánimo de lucro, el marido de Cristina de Borbón y su antiguo profesor de Esade buscaban única y exclusivamente lucrarse mediante contratos a dedo.

El impacto económico de la fianza resulta por sí mismo formidable: cada uno de los dos imputados se arriesga al embargo de sus respectivos bienes y los de sus empresas, entre ellos el palacete de Pedralbes. El embargo se aplicará si no reúnen dinero o avales bancarios por 8.189.448 euros, que es el importe exacto de la caución. La aportación de cada uno de los dos imputados no tiene por qué ser paritaria. Por ejemplo, si uno de ellos solo pudiese afrontar con dinero, avales o bienes embargables el 20% o el 30% del total, el otro se vería obligado a hacerse cargo del 70% o 80% restante. Si se produce el embargo, cualquier hipotética venta del palacete de Pedralbes, residencia familiar de los duques de Palma, quedará bloqueada, porque el embargo afectará a la mitad que posee Urdangarin.

Es seguro que las defensas de Urdangarin y Torres recurrirán el auto del juez Castro, como han hecho desde que estalló el escándalo. Cuando se produjo la petición fiscal, el pasado 20 de noviembre, el abogado del duque de Palma calificó de “exagerada” la cifra planteada por Anticorrupción.

Fraude al fisco

Este caso discurre paralelo a otro que persigue a Urdangarin relacionado con Hacienda. El 19 de enero se conoció que Anticorrupción acusaba a Urdangarin y su entramado de defraudar al fisco medio millón de euros.

En su denuncia, el fiscal del caso, Pedro Horrach, sostiene que Urdangarin cometió dos delitos fiscales como persona física en los ejercicios 2007 y 2008 mientras que Instituto Nóos habría perpetrado otro en 2007, lo que afecta al yerno del rey, a Torres y a la esposa de este último, Ana Tejeiro. En su escrito, el fiscal pide que declaren Urdangarin y Torres, que esta vez tiene la oportunidad de dar su versión de los hechos antes de que la instrucción entre en su recta final.

En total, y sin perjuicio de que la cantidad pueda incrementarse si Suiza coopera con la investigación, Anticorrupción cifra en casi medio millón de euros lo defraudado: Nóos, cuyo presunto delito afecta tambíén a Diego Torres, habría evadido al fisco 230.979 euros. Urdangarín, casi el doble: 240.000 euros como mínimo.