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Un informe jurídico no ve incompatibilidad en la presencia de miembros del Gobierno foral en el Consejo de Caja Navarra

La comisión de investigación reitera las peticiones de información no atendidas y pone de plazo hasta el lunes

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Los servicios jurídicos del Parlamento de Navarra han elaborado un informe en el que concluyen que los miembros del Gobierno foral que formaban parte del Consejo de Administración de Caja Navarra no incumplen la legislación sobre incompatibilidades.

La comisión de investigación sobre Caja Navarra ha conocido este informe en una nueva reunión que ha celebrado este miércoles, en la que ha vuelto a reiterar las peticiones de información a diversas entidades y ha puesto de lazo hasta el lunes a las 10 horas para la entrega de esta documentación.

Asimismo, se ha incorporado una nueva petición de información al Gobierno de Navarra, la remisión de los estatutos de la Fundación Bancaria Caja Navarra.

Los servicios jurídicos de la Cámara han hecho entrega del informe solicitado por Bildu y Aralar-NaBai en torno a la Legislación y normativas de incompatibilidades aplicables entre 2000 y 2013 a los miembros del Ejecutivo foral que formaban parte del Consejo de Administración de Caja Navarra, en función de la consideración de esta entidad como pública o privada, dado que "la privacidad ha sido reiteradamente aducida para eludir responsabilidades y daciones en cuenta".

Respecto a la naturaleza jurídica de la CAN, el informe concluye, sobre la base de otro acuñado por los propios servicios jurídicos de la Cámara el 13 de junio de 2013, que "no resultaría lógico postular la naturaleza pública de Caja Navarra manteniendo simultáneamente el carácter privado de otras muchas Cajas de Ahorro en las que la influencia pública interna y externa ha sido superior".

En lo tocante al régimen legal de incompatibilidades, el informe se remite al dictamen evacuado por el Consejo de Navarra el 12 de abril de 2010 porque, aunque centrado exclusivamente en la figura del presidente del Gobierno de Navarra, deja patente que la cuestión "no depende de la naturaleza pública o privada de la CAN, sino del régimen jurídico aplicable a dicha entidad", cuyos estatutos prevén la participación del presidente en los órganos de Gobierno de Caja Navarra "con carácter nato, es decir, en razón de su cargo y mientras lo ocupe".

En cuanto al resto de miembros del Gobierno de Navarra, cuyo concurso "no se contempla expresamente en los Estatutos" de la entidad, el informe de los servicios jurídicos de la Cámara precisa que su participación "obedecía a la designación del presidente del Gobierno de Navarra, previéndose su cese (en los Estatutos), entre otras causas, por la pérdida de su condición de miembro del Ejecutivo".

"Salvada esa diferencia", el informe considera "extensible al resto de miembros del Gobierno la conclusión razonada a la que llega el Consejo de Navarra" en el referido dictamen, esto es, que "el presidente del Gobierno no incumple la legislación sobre incompatibilidades al presidir los órganos de administración y dirección de la Caja de Ahorros de Navarra".

A LA ESPERA DE OTRO INFORME DE COMPTOS

Por otra parte, la comisión queda a la espera de la respuesta de la Cámara de Comptos en relación a la solicitud de un trabajo de análisis, fiscalización y valoración del conjunto de las cuentas de Caja Navarra y Banca Cívica.

Dicho informe, según se subrayaba en la petición tramitada la semana pasada a demanda de Bildu y Aralar-Nabai, centrará sus conclusiones en "las razones que llevaron a la pérdida patrimonial de valor de la entidad desde el año 2001 hasta su fusión por absorción por CaixaBank a cambio de unos 157 millones en acciones. Además, deberá verificar si los estados contables reflejaban en cada momento fielmente la situación real".

En otro orden de cosas, la comisión de investigación ha acordado reiterar las peticiones de información a los organismos e instituciones que no han hecho entrega de la documentación requerida, "con independencia de que se hayan acogido o no a la obligación legal de remitirla".

El nuevo plazo establecido para su recepción establece como fecha tope el lunes, día 23, a las 10:00. Quedan eximidos de esta reclamación la Audiencia Nacional y los órganos competentes del Estado y de las Comunidades Autónomas, de quienes se espera una próxima remisión de lo solicitado.

La comisión ha establecido que la próxima reunión se celebrará el lunes 23 de febrero, a partir de las 12.30 horas, a puerta cerrada.

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