Un informe desaconsejó la compra de Inassa a través de una sociedad panameña

Un informe del despacho “Garrigues y Andersen” desaconsejó la compra en 2001 por parte del Canal de Isabel II de la empresa colombiana Inassa a través de una sociedad en Panamá.

El informe, al que ha tenido acceso EFE, forma parte de la documentación remitida por el Gobierno de la Comunidad de Madrid a la Asamblea relacionada con el caso Lezo solicitada por los grupos de la oposición.

El Ejecutivo regional comenzó el pasado día 15 a enviar al Parlamento madrileño esta documentación tras conocer que el juez que instruye el llamado caso Lezo entiende que la entrega de ésta no afecta al carácter reservado que tiene la causa en este momento procesal.

El Gobierno de Cristina Cifuentes recibió el pasado mes de agosto una providencia del juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Lezo que le daba vía libre para entregarle a la oposición las actas del Canal de Isabel II relacionadas con el caso Lezo.

Sin embargo, el Ejecutivo no los entregó entonces, ya que el subdirector general de Régimen Jurídico, Sebastián Sánchez, -que ha sido cesado- no vio el correo electrónico con la provincia por “un error grave”.

Uno de los documentos remitido a la Asamblea de Madrid es un informe de “Garrigues y Andersen”, fechado el 7 de noviembre de 2001.

En dicho informe, se analizan las tres posibilidades para la compra de Inassa, entre ellas, el Canal de Isabel II adquiera el directamente la empresa colombiana y que, según este análisis, era “la mejor alternativa desde el punto de vista fiscal”.

Sin embargo, finalmente el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Alberto Ruiz-Gallardón, el 29 de noviembre de 2001 autorizó la adquisición de Inassa a través de la Sociedad Aguada de América, una empresa radicada en Panamá.

El juez del caso Lezo, Manuel García Castellón, ha citado declarar como investigados a miembros del Consejo de Administración del Canal de Isabel II que el 14 de noviembre de 2001 apoyaron realizar una oferta por el 75 % de Inassa por 73 millones de dólares, lo que, en opinión del magistrado, acabó generando un endeudamiento de 51,1 millones de dólares.

Según un auto juez, la operación se llevó a cabo a través de una “compleja estructura societaria” y contravino “de plano” los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración del Canal y de la Comunidad de Madrid.

Además, cree el magistrado que existen “claros indicios de que pudo haber una sobrevaloración del precio de compraventa y unas condiciones contractuales claramente perjudiciales para el comprador y, por ende, para los intereses públicos por los que el Canal debió velar”.