Las inmigrantes víctimas de violencia sexual, desprotegidas ante la ley

Los casos de mujeres inmigrantes en situación irregular que han sufrido violencia sexual permanecen ocultos, ya que estas víctimas no se atreven a denunciar por el temor a ser expulsadas y se chocan con el obstáculo del acceso a la atención sanitaria.

Lo denuncia el informe “Violadas y Expulsadas”, de la Fundación para la Convivencia Aspacia, que analiza situaciones de mujeres inmigrantes que han sufrido este tipo de agresiones, que se producen principalmente en el ámbito del trabajo doméstico.

Estas mujeres se enfrentan a un mayor riesgo frente a la violencia sexual, ya que su situación administrativa les cierra posibilidades a la hora de reclamar ayuda y justicia frente a estos delitos.

Según el informe, en estos casos la denuncia por violencia sexual conlleva la apertura de un expediente sancionador o su detención para proceder a la expulsión.

“El miedo de las mujeres migrantes en situación administrativa irregular a hacerse visibles por temor a la expulsión, es uno de los principales obstáculos con el que se encuentran estas víctimas”, denuncia el informe.

Además, se une el hecho de que los testimonios de estas mujeres tienen menos credibilidad, ya que se interpreta como una estrategia para eludir su expulsión, lamenta la ONG.

Por ello, reclama modificaciones legislativas en la Ley de Extranjería para garantizar la protección de estas víctimas frente a la apertura de un procedimiento sancionador por estancia irregular y en el acceso al Sistema Nacional de Salud, para que tengan derecho a todas las prestaciones y se permita el seguimiento y tratamiento médico.

La Fundación para la Convivencia Aspace propone una política pública de ámbito estatal frente a la violencia sexual que incluya medidas de prevención, servicios especializados de atención a las víctimas, asistencia letrada y tratamiento judicial especializado con enfoque de género.

Destaca la importancia de que se forme a profesionales del ámbito de la abogacía, la policía, fiscalía y poder judicial para que comprendan el fenómeno de la violencia sexual.

También plantea modificar el reglamento de la ley de ayudas a víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual para que las mujeres migrantes en situación irregular, cuya violación quede acreditada con sentencia firme, puedan tener acceso a esas ayudas, que en estos momentos no se permite, concluye.