El acuerdo de intercambio de datos de pasajeros entre la UE y Canadá es ilegal según el abogado

El acuerdo sobre el intercambio de datos del registro de nombres de pasajeros previsto entre la Unión Europea y Canadá no puede celebrarse en su forma actual porque algunas de sus disposiciones son contrarias a los derechos fundamentales de la Unión, concluyó hoy un abogado general de la UE.

Por ejemplo, cree que la legislación viola la posibilidad de prever el tratamiento, uso y conservación por Canadá de datos del registro europeo de pasajeros aéreos (PNR) con información sensible, o dar a ese país, más allá de lo estrictamente necesario, el derecho a divulgar cualquier información sin exigir que ello esté vinculado a la protección de la seguridad pública.

El letrado considera también contrario a la normativa el autorizar a Canadá a conservar datos del PNR durante un periodo máximo de cinco años, sin que esa retención de información tenga que estar relacionada con la protección de la seguridad pública.

También critican que haya disposiciones que permitan que la autoridad canadiense competente pueda transferir datos del PNR a una autoridad pública extranjera sin cerciorarse de que esa autoridad no puede a su vez comunicar posteriormente los datos.

El abogado admite, no obstante, que el acuerdo es compatible con la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, en particular con el derecho al respeto de la vida privada y familiar y a la protección de datos de carácter personal, siempre que se respeten unas condiciones, empezando por que los datos sensibles queden excluidos del ámbito de aplicación del pacto.

También cree necesario que las categorías de los datos PNR se redacten de manera clara y precisa y que los delitos comprendidos en la definición de delitos graves de carácter trasnacional sean enumerados en el acuerdo.

Según el abogado, se debería además identificar la autoridad encargada del tratamiento de los datos del PNR, y dejar claro que solo los funcionarios de la autoridad canadiense competente estarán habilitados para acceder a esa información.

También debería indicar las razones objetivas que justifiquen la necesidad de conservar los datos del PNR durante un periodo máximo de cinco años.

Por todo ello, el abogado general considera necesario que el Tribunal de Justicia se cerciore de que las medidas proyectadas reflejen un equilibrio entre la voluntad de preservar la seguridad pública y el de que todo el mundo pueda disfrutar de un elevado nivel de protección de su vida privada y sus propios datos.

El letrado subraya, por otra parte, que se debe someter el acuerdo a un estricto control desde el punto de vista del derecho al respeto a la vida privada y familiar y el derecho a la protección de los datos de carácter personal.

Ello lo justifica por los “sofisticados métodos” de vigilancia de la vida privada de las personas y de los datos personales gracias a las nuevas tecnologías, a los que recurren los poderes públicos en el ámbito de la lucha contra el terrorismo y la persecución de delitos graves.