La interventora de la Generalitat asume directamente esta función para una veintena de entes públicos catalanes

La interventora general de la Generalitat de Cataluña ha asumido directamente las competencias de la intervención de 19 organismos del sector público de la comunidad autónoma, de forma que será ella quien se encargue de constatar que ninguno de estos entes contrata bienes ni servicios relacionados con la organización del referéndum de independencia del uno de octubre.

Todos los interventores y órganos de contratación de la administración autonómica tienen obligación de remitir a quienes contratan con la Generalitat así como al Ministerio de Hacienda una declaración responsable en la que se asegure que el bien o servicio adjudicado no tiene relación alguna con la organización del referéndum, con ninguna “actividad ilegal ni contraria a las decisiones de los Tribunales”.

Este es uno de los nuevos controles impuestos desde el pasado 15 de septiembre por el Gobierno a la Generalitat ante la convocatoria del referéndum.

Tras esta exigencia, la interventora general de Cataluña, Rosa Vidal, firmó el pasado 22 de septiembre una resolución a la que ha tenido acceso Europa Press en la que asume la competencia directa de 19 entes catalanes.

INTERVENTORES DELEGADOS

La Ley de 1984 que regula esta función señala que todos los interventores de la Administración autonómica actúan como delegados de la Intervención General, se explica en la resolución. Pero un decreto de la Vicepresidencia de la Generalitat del pasado dos de mayo, citado en el escrito, permite que la Intervención General pueda asumir directamente las funciones de estos delegados a iniciativa propia o a petición de quien ejerce esa función.

Vidal se acoge a esta posibilidad y asume las labores de intervención de 19 entes, que pasan a ser de su responsabilidad directa y no por delegación, aunque no explica los motivos.

Entre ellos se encuentran el Patronato de la Montaña de Montserrat, el Instituto Catalán de la Mujer, la Escuela de la Administración Pública de Cataluña, el Instituto de Estadística, la Institución de las Letras Catalanas, la Biblioteca de Cataluña, el Instituto Nacional de Educación Física, el Consejo Catalán del Deporte, el Instituto de Desarrollo de las Comarcas del Ebro y el Instituto Catalán de la Viña y el Vino.

Completan la lista el Centro de Estudios Jurídicos, el Instituto de Acogimiento y Adopción, la Agencia Catalana de Consumo, el Servicio Catalán de Tráfico, el Instituto de Desarrollo del Alto Pirineo y Arán, Servicio Público de Empleo, el Centro de Estudios de Opinión, el Instituto de Seguridad Pública y la Autoridad Catalana de la Competencia.

ENTES AVISADOS

El Ministerio de Hacienda ha puesto en marcha una página web con la información sobre las medidas de control que se han impuesto a la Generalitat de Cataluña para evitar la organización del uno de octubre y desde la que se pueden descargar los certificados de legalidad que exige para contratar, pagar facturas o cobrar de la administración catalana.

Entre esos documentos figuran esa declaración que deben firmar los interventores o cualquier órgano de contratación catalán, así como el listado de entidades de Cataluña afectadas por estas medidas y que deben declarar al contratar un bien o servicio que ninguna de esas adjudicaciones va encaminada a la celebración del referéndum.

Se trata de todas las entidades que componen el sector público catalán y que rondan las 360, entre consorcios, patronatos, empresas, institutos y organismos de todo tipo como las universidades públicas. Entre ellas figuran esas 19 entidades cuya intervención asume Rosa Vidal.

En la web está disponible además el modelo de declaración responsable que pueden firmar los proveedores de la administración catalana al emitir una factura y con la que dejan constancia de que el bien o servicio contratado “no está destinado a la realización de las actividades vinculadas con la financiación de actividades ilegales, ni contrarias a las decisiones de los tribunales”.

Asimismo existe un enlace a la plataforma habilitada por la Agencia Tributaria en la que se puede obtener la Certificación previa para que las entidades de crédito realicen pagos de organismos de la Comunidad Autónoma de Cataluña.