Los investigadores de Petrobras amenazan con dejar el caso por la polémica con el Congreso

Los responsables de la investigación de la corrupción en la empresa estatal brasileña Petrobras anunciaron hoy que renunciarán al caso si se aprueba una reforma que propone castigar con cárcel a fiscales y jueces que actúen por causas “político-partidarias”.

La decisión, anunciada en rueda de prensa, fue una respuesta a un paquete de nuevas medidas contra la corrupción que incluyó esa polémica propuesta y que fue aprobado hoy por la Cámara de Diputados, de donde pasará al Senado para una segunda discusión.

El fiscal Carlos Fernando dos Santos aseguró que esa propuesta impedirá “la continuidad de cualquier investigación sobre poderosos, parlamentarios y políticos y ”crea una intimidación“ y un ”riesgo personal“ para los miembros del Poder Judicial.

En la misma rueda de prensa, el fiscal Deltan Dallagnol, uno de los coordinadores de las investigaciones en la petrolera, aseguró que la iniciativa aprobada por los diputados supondrá “el fin” de ese proceso y dejaría “herido de muerte al Estado de derecho”.

Los fiscales explicaron que todos los miembros del Poder Judicial están actualmente bajo las mismas leyes penales y civiles que rigen para todos los ciudadanos y que la inclusión de fórmulas como las que han propuesto los diputados representan un “claro intento de intimidar e inhibir” las investigaciones contra “poderosos”.

El texto base del paquete de medidas contra la corrupción fue aprobado prácticamente por unanimidad, con una mayoría de 450 votos contra uno, pero la propuesta rechazada por los fiscales se incluyó en una serie de enmiendas discutidas tras esa primera votación.

En el caso de la enmienda que tipifica el abuso de autoridad de los jueces, que fue formulada por el Partido Democrático Laborista (PDT, por sus siglas en portugués), hubo 313 votos a favor y 132 en contra.

El párrafo añadido trata sobre los “abusos de autoridad” en que incurran jueces y fiscales, que pudieran ser condenados hasta a dos años de prisión por causas genéricas, entre las que figura actuar con “motivaciones político-partidarias”.

Esa ha sido una acusación recurrente de los sectores políticos salpicados por la investigación de la trama de corrupción en la estatal Petrobras, que ha salpicado a decenas de políticos y una veintena de empresas privadas y aún no ha concluido, por lo que la lista de implicados podría aumentar.

Además de los propios responsables de la investigación, se ha pronunciado contra esa propuesta la presidenta de la Corte Suprema brasileña, Carmen Lucia Antunes, quien advirtió de que esa iniciativa puede “contrariar la independencia del Poder Judicial”.

También reaccionó frente a esa enmienda la Asociación de Jueces Federales de Brasil, cuyo presidente, Roberto Veloso, alertó de que “debilitar a la magistratura creando delitos por la actividad cotidiana de los magistrados es favorecer las prácticas de corrupción”.