La investigación oficial recomienda acusar de homicidio a los responsables del derrumbe de Bangladesh

La comisión oficial de investigación de la catástrofe del edificio Rana Plaza de Bangladesh ha recomendado a las autoridades de Bangladesh que acusen de homicidio criminal a los dueños del inmueble y de las cinco fábricas, lo que podría acarrear la cadena perpetua. 1.127 personas murieron al venirse abajo el edificio de nueve plantas el 24 de abril.

El informe de 400 páginas presentado el miércoles atribuye la tragedia a la mala construcción del inmueble y a la pobre calidad de los materiales utilizados.

“Se violaron todas las normativas de construcción del país”, dijo a la agencia Efe Uddin Khandaker, funcionario del Ministerio del Interior y responsable de la investigación. Según Khandaker, Sohel Rana, dueño del edificio sólo estaba interesado en ganar dinero. La comisión ha recomendado que se venda los terrenos sobre los que estaba construido para indemnizar a las víctimas.

El edificio fue ideado como un centro comercial, pero se destinó a uso industrial con maquinaria textil y generadores eléctricos con varias toneladas de peso, cuyas vibraciones debilitaron la estructura del inmueble, explicó Khandaker.

Aunque el edificio tenía licencia para seis plantas, el dueño del mismo Sohel Rana levantó ocho y estaba construyendo una novena.

Además, los dueños forzaron a los trabajadores a entrar en el complejo a pesar de que un día antes habían aparecido grietas en el mismo. “Les obligaron a trabajar a pesar de las señales de peligro”, afirmó Kandhaker.

Hay diez personas detenidas, entre las que están Sohel Rana y su padre. La comisión recomienda que se presenten cargos contra ocho funcionarios del Ayuntamiento de Savar –localidad cercana a la capital, Dacca, donde se produjo la tragedia, incluidos el alcalde, un concejal, ingenieros y arquitectos.

La tragedia ha evidenciado las malas condiciones laborales de los trabajadores del textil peor pagados del mundo con 38 dólares mensuales de salario mínimo para los puestos menos cualificados y ha llevado a autoridades y compañías a tomar medidas.

El Gobierno bangladesí anunció que aumentará el salario mínimo –aún no sabe hasta qué cantidad– y permitirá la creación de sindicatos en el sector sin el permiso de los dueños de las fábricas, como estaba tipificado hasta ahora en la ley laboral.

Inditex, H&M, PVH, Tchibo C&A, El Corte Inglés y Primark, entre otras empresas que producen en el país asiático, se han comprometido a la firma de un Acuerdo sobre Seguridad y Contra Incendios, promovido junto con el sindicato global UNI para evitar nuevas tragedias en el textil bangladesí. Varias empresas norteamericanas (como Wal-Mart y GAP) se han negado a dar ese paso.