El coste de investigar el conflicto norirlandés supera los 36 millones de euros

El coste de las investigaciones sobre los delitos no resueltos cometidos durante el pasado conflicto en Irlanda del Norte supera los 30 millones de libras anuales (36 millones de euros), según un informe del Ministerio de Justicia.

El estudio se da a conocer después de que el fiscal general norirlandés, John Larkin, propusiera este miércoles archivar los delitos cometidos por los grupos paramilitares católicos y protestantes, la Policía o el Ejército británico antes de la firma el 10 de abril de 1998 del Acuerdo de paz del Viernes Santo.

En el informe, el inspector jefe del sistema judicial de Irlanda del Norte, Brendan McGuigan, asegura que el elevado coste de las diferentes pesquisas en marcha, así como su larga duración y su impacto sobre los recursos materiales y humanos de las autoridades de la provincia, pueden “erosionar la confianza” de la ciudadanía.

El documento cita casos como el del llamado Equipo de Investigaciones Históricas (HET), creado en 2005 para investigar más de 1.800 asesinatos no resueltos perpetrados en la provincia durante el conflicto, que requiere de un grupo permanente de detectives del Servicio de Policía de Irlanda del Norte (PSNI).

También recuerda al tribunal especial de investigación de lord Saville de Newdigate, que tras doce años de pesquisas y varios millones de libras, limpió el nombre de las 14 personas que fallecieron el 30 enero de 1972 por disparos del Ejército británico mientras participaban en Derry en una marcha por los derechos civiles de los católicos, en el llamado “Domingo Sangriento”.

Asimismo, la Oficina del Defensor del Pueblo ante la PSNI desarrolla tareas de investigación sobre sucesos acontecidos durante el conflicto, lo que, según McGuigan, contribuye a ralentizar otras labores policiales y judiciales.

En opinión de McGuigan, el sistema actual no está “estructurado” para abordar con eficiencia las cuestiones relacionadas con el legado del conflicto, un asunto que divide profundamente a los partidos políticos de la provincia y a las víctimas.

Sin consenso político, este experto abogó por el establecimiento de un “grupo ejecutivo”, compuesto por representantes de la sociedad norirlandesa, capaz de mejorar las comunicaciones y crear una estrategia común.

“Este grupo podría abordar cuestiones clave, como determinar el grado de prioridad, progreso y coordinación de asuntos relacionados con el legado, lo que podría ser útil para gestionar las necesidades y expectativas de las víctimas y sus familias”, señaló McGuigan.