El “juicio del siglo” en Brasil decide la prisión inmediata de los reos

Los reos condenados en el “juicio del siglo” en Brasil comenzarán a cumplir de inmediato las penas que les fueron aplicadas por las corruptelas que en 2005 estremecieron al Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, decidió hoy la Corte Suprema.

La decisión sólo excluye a tres de los 25 condenados, pues dos de ellos han sido sentenciados por un solo delito por el que aún serán juzgados nuevamente, y al expresidente de la Cámara baja y actual diputado Joao Paulo Cunha, por cuestiones técnicas referidas a una apelación aceptada hoy sobre una sanción pecuniaria.

De esa manera, se ejecutarán de inmediato las penas de 22 reos, entre quienes figuran el exministro de la Presidencia José Dirceu, quien en la época era considerado la “mano derecha” de Lula; el expresidente del Partido de los Trabajadores (PT) José Genoino y el antiguo tesorero de esa formación Delubio Soares.

Dirceu fue condenado a diez años y diez meses de prisión, pena que fue de seis años y once meses para Genoino y de ocho años y once meses para Soares.

Los tres fueron condenados por corrupción activa y asociación ilícita, pero aún tendrán derecho a un nuevo juicio por el segundo de esos delitos, lo cual pudiera amenizar sus penas.

Según lo acordado hoy por el tribunal, Dirceu y otros condenados comenzarán a cumplir las condenas que les corresponden por aquellos delitos en los que ya tienen condena firme y el año próximo, cuando se celebre el nuevo juicio por asociación ilícita, su pena definitiva será revisada.

La decisión adoptada hoy fue producto de una intensa y prolongada polémica que se zanjó con la postura de la mayoría de los jueces del Supremo en favor de que se ejecuten las penas, tal como había pedido la víspera la Procuraduría General de la República.

“En ningún país del mundo hay un derecho infinito a apelar”, dijo el magistrado Roberto Barroso al apoyar esa decisión, que respaldó con una breve pero muy contundente frase: “El día de la condenación finalmente llegó”.

Tras decidir sobre ese delicado asunto, el Supremo deberá librar las correspondientes órdenes de captura y decidir los penales en que cumplirán sus penas aquellos condenados a un régimen de reclusión o a un sistema semiabierto, que los obligará sólo a dormir en prisión.

La corte tiene previsto celebrar una nueva audiencia sobre el caso mañana, cuando pudiera comenzar a ordenar la detención de los reos que han sido condenados a prisión.

La más dura de las penas recayó sobre el publicista Marcos Valerio Fernandes, considerado como el “operador” de la red de corrupción que desviaba recursos públicos hacia dos de sus empresas de propaganda, que a su vez los entregaban luego al PT.

Fernandes recibió una condena a 40 años, cuatro meses y seis días de prisión por los delitos de lavado de dinero, corrupción, evasión de dividas y asociación ilícita, aunque la pena podría verse reducida, pues será juzgado nuevamente por el último de esos delitos.

El caso se refiere a un red de corrupción tejida por el PT en 2002, cuando Lula ganó por primera vez las elecciones, y que, según consideró probado la Corte, sirvió para financiar campañas y sobornar a dirigentes de cuatro partidos que le dieron al Gobierno la mayoría parlamentaria que las urnas le habían negado.

Unas horas antes de que el Supremo concluyera su sesión, Lula fue consultado sobre esa posible decisión mientras participaba en un acto público.

“Cuando la decisión se tome, estará tomada. Yo obedecía como presidente y ahora obedeceré como ciudadano”, dijo el expresidente, quien no fue incluido entre los acusados porque el Supremo no halló pruebas suficientes en su contra.