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El juicio contra el exconseller valenciano de Solidaridad será el 7 de enero

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El juicio contra el exconseller valenciano de Solidaridad será el 7 de enero

El juicio contra el exconseller valenciano de Solidaridad será el 7 de enero

El juicio oral contra el exconseller de Solidaridad Rafael Blasco por el supuesto fraude en las subvenciones de la Generalitat Valenciana para cooperación internacional, el denominado caso Cooperación, empezará el próximo 7 de enero.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), además de Blasco están imputadas otras ocho personas por tráfico de influencias, falsedad, prevaricación, malversación y fraude en la concesión a la fundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes) de 1,8 millones para proyectos en Nicaragua, donde solo llegaron 43.000 euros.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia valenciano fijará próximamente el calendario del resto de sesiones del juicio.

Los procesados en esta pieza son, además de Blasco -actual diputado no adscrito en Les Corts-, cinco funcionarios de su Conselleria y tres responsables de empresas, entre ellos Marcial López, presidente de la fundación Cyes (sin relación con la constructora del mismo nombre), y Augusto César Tauroni, el único imputado en prisión.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido 14 años de prisión y 33 de inhabilitación para Blasco, mientras que la Abogacía de la Generalitat ha solicitado 11 años y medio de prisión y 31 de inhabilitación para el exconseller, y el PSPV-PSOE, personado en la causa, pide 15 años de prisión y 42 de inhabilitación.

Esta es la primera de las dos piezas que conforman el caso Cooperación, en el que también se investiga a un entramado de empresas que recibieron entre 2009 y 2011 al menos 3,5 millones de euros de subvenciones públicas de la Generalitat para cooperación internacional

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana anunció el pasado 3 de septiembre la apertura de juicio oral contra el exconseller Blasco y otras ocho personas, cuya fecha de inicio se ha fijado hoy.

En el auto de apertura de juicio oral se indicaba que la fundación Cyes no reunía los requisitos para beneficiarse de las subvenciones "al carecer de trayectoria o experiencia en el mundo de la cooperación y estar desprovista de los medios personales y materiales necesarios para ejecutar proyectos de naturaleza similar".

En cuanto a las relaciones entre Blasco y Tauroni, la investigación judicial remarca que "no eran las habituales entre el máximo responsable de la Conselleria y quienes pretendieran obtener subvenciones de la misma", sino que procedían de una vinculación familiar en Alzira (Valencia), con "estrechas y públicas relaciones" del segundo con "familiares directos" del ahora exconseller.

Tauroni "obtuvo contratos en la práctica totalidad de las consellerias de las que Rafael Blasco fue máximo responsable", como Bienestar Social, Territorio y Vivienda o Sanidad.

Para la instructora del caso, las conversaciones telefónicas entre Blasco y Tauroni evidencian "unos vínculos que se sitúan en un ámbito cuando menos anómalo e inusual entre quien dirige una Conselleria y quien directa o indirectamente contrata con ella".

Tauroni poseía documentos internos y reservados de la Generalitat que justificarían la información privilegiada de que gozó la fundación Cyes para optar en 2008 a esas subvenciones para proyectos de cooperación.

La fundación Cyes compró, con el dinero procedente de esas subvenciones, cuatro inmuebles en Valencia por importe total de 969.875 euros, bienes que "no tienen relación alguna con los objetivos, generales y específicos, previstos en uno y otro proyecto".

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