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La justicia electoral reabre el proceso de investigación de la campaña de Rousseff

La justicia electoral reabre el proceso de investigación de la campaña de Rousseff

EFE

Sao Paulo —

El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil decidió hoy reabrir el proceso de investigación por supuestas irregularidades en la campaña electoral de la presidenta del país, Dilma Rousseff.

La acción fue interpuesta por el opositor Partido de la Social Democracia Brasileño (PSDB), que pide la nulidad del mandato de la presidenta y de su vicepresidente, Michel Temer.

No obstante, según la estatal Agencia Brasil, los magistrados no cuestionaron el mérito de la acción para analizar si hubo irregularidades o no y sólo evaluaron este martes si era procedente continuar con ese proceso.

Después del análisis de las alegaciones de acusación y defensa, el caso será juzgado por el plenario de la corte.

En total, cinco magistrados votaron a favor de dar continuidad al proceso y dos en contra.

En febrero, la magistrada María Thereza de Assis Moura archivó el proceso al argumentar que no había pruebas suficientes para proseguir, pero el TSE volvió a debatir la reapertura del caso por una acción interpuesta por el PSDB, del candidato opositor derrotado Aécio Neves.

El PSDB alegó que existen indicios de irregularidades en la campaña de Rousseff por la donación de recursos de las constructoras vinculadas en la investigación por el gigantesco escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras.

La Justicia electoral había iniciado el 25 de agosto la votación para dar continuidad o no al proceso, pero fue interrumpida y retomada este martes.

En el proceso, el gobernante Partido de los Trabajadores (PT), de Rousseff, sustenta que todas las donaciones fueron legales y registradas ante la Justicia electoral y que las cuentas de la campaña fueron aprobadas en diciembre pasado por unanimidad en la misma corte.

Además del proceso que se reabrirá en el TSE, la presidenta Rousseff deberá pasar por la aprobación de la contabilidad de la gestión de 2014 por parte del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), que deberá determinar si hubo un “maquillaje fiscal” del informe.

En caso de una reprobación de las cuentas, el Congreso decidirá si abre o no un juicio político con fines de destitución de Rousseff, como pretende la oposición.

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