Un juzgado suspende cautelarmente la consulta sobre los toros en Donostia

El Juzgado número 2 de lo Contencioso Administrativo de San Sebastián ha suspendido cautelarmente la celebración de la consulta sobre las corridas de toros que el Ayuntamiento donostiarra había convocado para el próximo 19 de febrero.

El juzgado ha emitido un auto en el que no resuelve el recurso presentado a finales de agosto por la Abogacía del Estado, pero sí concede la medida cautelar requerida, al entender que la sentencia definitiva puede dictarse más tarde de la fecha establecida para la consulta, con lo que el fallo no tendría efectividad.

En su recurso, la Abogacía del Estado expuso que el Ayuntamiento realizó la convocatoria, acordada por la Alcaldía el pasado 14 de julio, pese a que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) había anulado dos meses antes el Reglamento de Consultas Ciudadanas, decisión recurrida en casación ante el Supremo, que aún no ha emitido sentencia firme sobre el caso.

El consistorio había decidido celebrar la consulta el 19 de febrero de 2017 con la siguiente pregunta: “¿Quiere usted que el Ayuntamiento deje de destinar recursos municipales para las corridas de toros?”.

Entre estos recursos se encuentra la plaza de toros de Illunbe, única instalación en la que se pueden celebrar festejos taurinos en San Sebastián y que es de propiedad municipal

El juez no entra en la cuestión y se limita a aceptar que concurre el requisito denominado “periculum in mora” o “peligro de mora procesal”, ya que “no resulta aventurado considerar que la sentencia firme dictada por este órgano jurisdiccional pudiera recaer en fecha posterior al del día señalado para la votación por la resolución impugnada”.

El auto recuerda que el Ayuntamiento de San Sebastián, como parte demandada, aún no ha contestado a la demanda de la Abogacía del Estado, por lo que considera que es improbable que la sentencia definitiva se dicte antes del 19 de febrero.

Así, entiende que existe “riesgo de ausencia de sentencia firme antes del día señalado para la votación, que se incrementa notablemente para el caso de que la misma fuera apelada por cualquiera de las partes, teniendo en cuenta la inevitable duración del proceso contencioso-administrativo”.

El delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, ha acusado al Ayuntamiento de San Sebastián, en un comunicado, de ser el “único responsable de este despropósito”, ya que decidió convocar la consulta a pesar de que los tribunales habían anulado su reglamento.

“Al final quien así se comporta solo genera frustración, aunque trate de endosar la responsabilidad de su fracaso a quienes solo defendemos que se respete la ley, que es lo que diferencia a una sociedad democrática de otra que no lo es”, ha añadido Urquijo.