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Tres ladrones de 31 viviendas aceptan seis años y serán expulsados de España

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Tres ladrones de 31 viviendas aceptan seis años y serán expulsados de España

Tres ladrones de 31 viviendas aceptan seis años y serán expulsados de España

Tres varones de nacionalidad georgiana que han reconocido la comisión de 31 robos en viviendas de A Coruña durante el verano de 2014 han aceptado seis años de prisión y serán expulsados de España entre febrero y julio de 2017.

Estas tres personas se han declarado culpables ante la sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña, por lo que se enfrentan a seis años de prisión a los que hay que restar el tiempo cumplido de manera provisional.

Los autores de los robos también han aceptado la expulsión del España durante diez años, dos de ellos el 25 de febrero de 2017, mientras que el otro se marchará el 31 de julio del mismo año.

El cuarto que ha conformado ha reconocido un delito de receptación por el que se enfrenta a seis meses de cárcel que sustituirá por una multa, pues recibió objetos robados, con intención de obtener ilícito enriquecimiento y con conocimiento de su origen ilícito.

Uno de los abogados defensores, Víctor Bouzas, ha afirmado ante los medios de comunicación que se trata de "una conformidad que satisface a las dos partes" pues "la Fiscalía pretendía tener un castigo ejemplar por la alarma social creada".

Ha explicado que los tres acusados van "a cumplir casi la mitad de la condena solicitada por el Ministerio Fiscal y después se va a proceder la expulsión del territorio nacional por un tiempo de diez años sin posibilidades regresar al mismo".

La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña ha acogido el juicio de las otras dos personas que no aceptaron las penas que propuso la Fiscalía para llegar a una conformidad.

La abogada de los otros dos acusados por receptación ha cuestionado durante el proceso "al testigo que reconoció" a uno de sus clientes y ha asegurado que no "existe ninguna sola llamada" entre ellos y los ahora detenidos.

Además, ha explicado que no "hay ningún dato que apunte a la participación de ambos acusados" en el delito que la le atribuye Fiscalía y cuestiona, también, "cómo se produjo el registro en su domicilio".

La Fiscalía solicita quince meses de cárcel por ser autores de un presunto delito de receptación, aunque la defensa reclama la libre absolución e incide en la supuesta falta de garantías en el citado registro.

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