El miedo y los asesinatos políticos se apoderan de Buyumbura

No hay muchos días en los que Buyumbura amanezca sin descubrir un nuevo cadáver, con un tiro en la cabeza y las manos atadas a la espalda, tirado en uno de los barrios de la ciudad que más han protestado la elección de Pierre Nkurunziza para un tercer mandato que consideran ilegal.

Los habitantes de los barrios de Jabe, Nyakabiga, Musaga y Cibitoke denuncian que la Polícia de Burundi hace redadas constantes para buscar armas y cada vez se lleva detenidos a varios jóvenes. A los que tienen suerte, les dan una paliza, mientras que otros son torturados y algunos nunca vuelven a su casa.

La brutalidad policial, en lugar de aplacar los ánimos, solo ha conseguido agravar la división social y política de un país que se consume en una espiral de violencia y venganza que ha costado la vida a más de un centenar de personas desde el comienzo de las protestas a finales del pasado abril.

El último episodio de esta guerra encubierta se produjo el pasado viernes, cuando un grupo de hombres armados asaltó el convoy del jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general Prime Niyongabo, que salió ileso, pero en el tiroteo murieron cuatro guardaespaldas y una policía, además de dos de los asaltantes.

La osadía del ataque, que se produjo a plena luz del día contra uno de los hombres más cercanos al presidente Nkurunziza, refleja a la perfección la velocidad a la que ambos bandos han intensificado sus acciones en un conflicto intermitente.

En el último mes y medio, el asesinato de grandes personalidades como el exjefe de la Inteligencia de Burundi, Adolphe Nshimirimana, o del excoronel del Ejército de Burundi y comandante tutsi durante la guerra civil (1993-2005), Jean Bikomagu, se ha alternado con muertes anónimas de jóvenes y agentes de policía

A principios de septiembre hubo tres días y dos noches especialmente violentos en Buyumbura. Tres días en los que la Policía bloqueó los accesos a los barrios rebeldes y dos noches en las que los tiros y las explosiones resonaron por toda la ciudad mientras continuaban las redadas.

Terminada la operación, cuatro personas habían muerto tiroteadas tras intensos combates entre las fuerzas de seguridad y hombres armados sin identificar que el Gobierno burundés califica de forma genérica como “insurgentes”.

Sin embargo, tanto la oposición como la sociedad civil denuncian la “barbarie” que cometen las fuerzas de seguridad en su caza particular contra los jóvenes que participaron en las manifestaciones que estallaron en Burundi contra la intención de Nkurunziza de presentarse a un tercer mandato.

Ha habido tantas críticas que el propio alcalde de Buyumbura, Freddy Mbonimpa, del gobernante Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia (CNDD-FDD), tuvo que hacer una declaración pública y prometer que no habría más detenciones ilegales, si bien recordó que habría tolerancia cero para cualquiera que llevara un arma encima.

El presidente Nkurunziza, recién investido en una ceremonia improvisada a finales de agosto, aseguró que la situación volvería a la normalidad en un plazo de dos meses y para ello encargó al nuevo ministro de Seguridad Pública, Guillaume Bunyoni, que diseñara una estrategia más eficaz para acabar con la violencia.

Por ahora no parece que la nueva estrategia esté dando los frutos esperados, pues más de 35 personas han muerto ya desde que se celebraran las controvertidas elecciones el pasado de 25 de julio, entre ellas varios políticos de la oposición.

El riesgo de que este conflicto de trastienda se convierta en una guerra abierta, aunque es bajo, pesa sobre las conciencias de los mediadores internacionales, que no han logrado avances significativos en las negociaciones de paz a pesar de las amenazas de sanciones y la retirada de fondos de ayuda al Gobierno.

Por Édouard Madirisha