Los negociadores colombianos discuten fórmulas para la seguridad jurídica del acuerdo de paz

Las delegaciones del Gobierno de Colombia y de las FARC debaten actualmente en La Habana fórmulas para garantizar la estabilidad y la seguridad jurídica del futuro acuerdo final de paz, un asunto que está siendo objeto de cierta controversia en el país sudamericano.

Este debate en la Mesa de La Habana tienen lugar en medio de una polémica en Colombia ante una demanda, admitida por la Corte Constitucional, que busca darle carácter de tratado internacional a los acuerdos de paz, para blindarlo ante posibles cambios de gobierno.

La guerrilla de las FARC es partidaria de convertir el futuro pacto de paz en un “acuerdo especial”, que le daría la categoría de tratado internacional; mientras que los negociadores del Gobierno creen que primero debe cerrarse el acuerdo de paz.

Ese acuerdo especial es “el recurso más eficaz en manos de la Mesa (de conversaciones) para asegurar jurídicamente el eventual acuerdo de paz y el camino más corto para lograrlo”, afirmó hoy en La Habana el jefe negociador de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), “Iván Márquez” (alias de Luciano Marín).

La Corte Constitucional de Colombia admitió una demanda presentada el pasado 28 de marzo por el ex fiscal general Eduardo Montealegre para darle carácter de tratado internacional a los acuerdos de paz.

Al pronunciarse sobre la demanda, la Corte Constitucional invitó a distintos sectores del país a pronunciarse por escrito sobre la querella presentada por Montealegre, a lo que el Gobierno respondió que sería inconveniente que los negociadores de las FARC acudan ante esta Corte a expresar su opinión mientras no dejen las armas.

“¿Qué tiene de malo que las FARC puedan exponer su punto de vista sobre el tema en la audiencia proyectada por la Corte Constitucional?”, señaló “Márquez”.

“En lo que sí estamos de acuerdo es con la afirmación en cuanto a que los 'acuerdos se discuten en la mesa'. Entonces pongámosle punto final a las iniciativas unilaterales surgidas fuera de ella. Regresemos a la agenda”, pidieron los insurgentes.

Desde la delegación del gobierno se pronunció esta semana mediante un comunicado el jefe negociador, Humberto de La Calle, quien afirmó que ambas partes coinciden en la necesidad de que, cuando se alcance el acuerdo definitivo de paz, este sea “estable y vinculante”.

“Este es un tema que está siendo discutido y que la Delegación del Gobierno no ha cerrado la puerta en relación con esa discusión”, afirmó De la Calle.

Según los negociadores del Gobierno, “anticipar judicialmente esta discusión es un error”, porque “los acuerdos se discuten en la Mesa” y la “valoración política y jurídica” de lo pactado de ser “completa e integral”.

“Provocar una decisión ahora, de carácter judicial, sobre la naturaleza hipotética de un acuerdo humanitario en relación con el ya suscrito Acuerdo General, buscar una solución de esa naturaleza en la Corte Constitucional, puede terminar predeterminando decisiones sobre el Acuerdo Final, el cual aún no existe”, indicó.

De la Calle enfatizó en que “la Mesa de La Habana no tiene el poder de reformar por sí misma la Constitución” y que “lo conveniente” es que el presidente colombiano sea el responsable de las negociaciones.

Ambas partes culminaron hoy un ciclo más en sus conversaciones de paz, que reanudarán el próximo miércoles 11 de mayo, tras el regreso a La Habana de la delegación del Gobierno colombiano un día antes.