La prensa oficial de Cuba ve ineludible Ley Anticorrupción ante el aumento de delitos

Un inusual artículo reproducido en la prensa estatal de Cuba detalla varios casos millonarios de corrupción en importantes empresas del país como la cervecera Bucanero o el Banco Internacional de Comercio y cree “ineludible” aprobar una ley anticorrupción para frenar estos delitos.

El texto, publicado originalmente en la revista estatal Bohemia y reproducido por la web oficial Cubadebate, sostiene que una ley de este tipo permitiría aunar los procedimientos para combatir la corrupción y aumentaría “la institucionalidad del enfrentamiento”.

“La corrupción constituye una potencial amenaza a la seguridad nacional (...). Sus comisores terminan por enajenarse del proceso revolucionario, llegando incluso a preparar condiciones de vínculos en el exterior y a iniciar el camino de traición a la patria”, afirma el reportaje.

Y agrega que estos actos “lastran seriamente la credibilidad de la Revolución ante la opinión pública y cual oposición contrarrevolucionaria atacan la efectividad deseada en el sostenimiento del orden, la disciplina y la institucionalidad del país”.

En un amplio reportaje, la revista desglosa casos de corrupción que incluyen sobornos, desfalcos, malversación de fondos, falsificación de documentos y desvío de bienes al mercado negro, entre otros delitos, y menciona a empresas estatales, mixtas e instituciones como el monopolio estatal de telecomunicaciones Etecsa.

También señala que la Fiscalía ha detectado en los delitos “un creciente vínculo con el exterior” mediante “el empleo de las nuevas tecnologías y disponibilidad financiera de algunos delincuentes, incluidos emigrados, repatriados y extranjeros, varios vinculados a las formas de gestión no estatal, con un marcado carácter corruptor hacia directivos y funcionarios de entidades estatales”.

En los dos últimos años “se han tramitado varias decenas de procesos penales por hechos de corrupción y los principales responsables fueron sancionados con severas penas de privación de libertad”, indica el texto.

La Fiscalía General investigó en ese tiempo las actividades vinculadas con la agricultura, comercio interior, transporte, industria alimentaria, órganos locales del Poder Popular y el sector privado en los que se habían detectado ilegalidades.

Entre finales del 2015 y el 2017 se ejecutaron 23 procedimientos de confiscación de bienes por valor de 135 millones de pesos en 9 de las 16 provincias del país, en los que resultaron expedientadas 25 personas -entre ellas varios funcionarios- como responsables directas, y 126 “terceros beneficiados”.

La falsificación de documentos notariales para evadir impuestos en la compra de vehículos y viviendas, el robo de electricidad para negocios particulares y los sobornos a inspectores y otros funcionarios fueron algunos de los delitos detectados.

Además, en 2016 la Fiscalía recibió 196 denuncias ciudadanas sobre fenómenos de corrupción.

El artículo sostiene que “basta ir a una tienda para darse cuenta de la clase de negocio que existe para impedir que las personas accedan directamente a las ventas estatales”, mientras que en el caso de los trámites burocráticos “hay personas que abusan de su función pública a quienes hay que darles dinero ”por la izquierda“ para poder encontrar soluciones en el tiempo adecuado”.

Una “degeneración” que “se ha ido agudizando”, alerta el texto, que menciona factores como la presión ejercida por el sector privado para abastecer sus negocios, la “insatisfacción de necesidades esenciales”, el aumento de precio de los productos de primera necesidad y la disminución del poder adquisitivo del salario.

En Cuba, el salario estatal medio no llega a los 30 dólares mensuales, que lleva años estancando frente al progresivo encarecimiento del nivel de vida.

Por ello, el “trapicheo” se comete sobre todo en sectores relacionados con la venta de alimentos y otros productos de alta demanda popular, refiere, aunque alerta de que han surgido nuevas formas de corrupción vinculadas al fraude, evasión fiscal, blanqueo de dinero y falsificaciones con la complicidad de “funcionarios y empleados estatales”.