El ombusdman venezolano sostiene que la fiscal aprobó los jueces que ahora desconoce

El defensor del pueblo venezolano, Tarek William Saab, dijo hoy que las pruebas grafológicas confirmaron la autenticidad de la firma de la fiscal general, Luisa Ortega, en el acta que avala la designación de los magistrados del Supremo que la titular del Ministerio Público ahora tilda de ilegítimos.

Saab indicó que las pruebas las hizo la policía científica venezolana y que la firma y el sello de la fiscal “resultaron ser originales”.

“También resultó positivo el sello de recibido de la Fiscalía General de la República a la convocatoria que yo hiciese en mi condición de presidente del Consejo Moral Republicano”, tanto a la fiscal como al contralor, dijo en un contacto telefónico con el canal estatal VTV.

Saab insistió en que estas pruebas fueron necesarias dado que la fiscal negó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) haber sido convocada a la sesión en la que se “preseleccionó” a los magistrados del máximo tribunal que, aseguró, se celebró el 16 de diciembre de 2015.

Además, afirmó que el TSJ investiga la “actitud dolosa” de quien fuera en ese momento secretaria del Consejo Moral Republicano que, presuntamente, no recogió todas las firmas en el momento de la reunión del 16 de diciembre.

Según él, tras la reunión de diciembre hubo otra el 21 de enero de 2016 donde se leyó el acta de la sesión anterior que la fiscal también firmó.

“En la lectura del acta claramente se especificó que era (...) para preseleccionar magistrados y magistradas para el año 2015 por parte del Consejo Moral Republicano que luego serían enviadas a la Asamblea Nacional”, detalló.

El pasado martes, Ortega explicó que ella no firmó el acta de la sesión del 16 de diciembre de 2015 porque esa reunión “no se realizó” y, además, indicó que la copia que ella tiene del acta de esa sesión tampoco tiene la firma del defensor, solamente la del contralor.

“Yo siempre señalé que esa sesión del Consejo Moral Republicano no se realizó y que, por supuesto, como no se realizó yo no estuve allí”, afirmó.

Sin embargo, señaló que la prueba grafológica fue ordenada para el acta de la sesión del 21 de enero de 2016 a la que confirmó que sí asistió y de la que dijo que no niega haber firmado.

“Yo no estoy negando esa firma. Mal puede pedirse una prueba grafotécnica sobre una firma que no está en duda”, dijo, por lo que consideró que la prueba solicitada es “inoficiosa e impertinente”.

La fiscal se ha convertido en una de las voces institucionales más críticas con el Gobierno y el TSJ, a los que ha acusado de romper el “hilo constitucional” y a cuyos magistrados desconoce por considerarles “ilegítimos”.

El Supremo, por su parte, dirige un procedimiento legal contra ella para determinar si hay motivos para enjuiciarla, a petición de un diputado chavista que la acusa de haber cometido “faltas graves” durante su gestión.

El TSJ, que aún no ha emitido su decisión, ha dictado como medidas cautelares contra Ortega la congelación de sus cuentas bancarias y la prohibición de salida del país.