La oposición promueve el cese de Maza y Moix por poner trabas en el caso Lezo

La oposición ha decidido no esperar más y ha dado el primer paso para exigir la reprobación y el cese del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y del fiscal Anticorrupción, Manuel Moix, a quienes acusa de obstaculizar el trabajo de los fiscales en el caso Lezo.

Tras las críticas y la exigencia de explicaciones, el PSOE y Ciudadanos han registrado una proposición no de ley conjunta en el Congreso para pedir el cese de Maza y Moix, incluso antes de escuchar qué tienen que decir el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el propio fiscal general del Estado, quienes comparecerán el próximo 10 de mayo.

Es un paso más en el desgaste al que se están viendo sometidos ambos fiscales por las supuestas trabas que han puesto en la investigación de los últimos casos de corrupción que afectan al PP y, en concreto, en Lezo, investigación sobre corrupción en el Canal de Isabel II que ha deparado la detención e ingreso en prisión del expresidente madrileño Ignacio González.

Moix se ha visto obligado a emitir un comunicado para desmentir que haya cesado o apartado al fiscal del caso Carlos Iañez y para explicar que él mismo propuso al fiscal general del Estado la renovación de su plaza en comisión de servicios, algo que ocurrió el pasado 6 de abril.

El jefe de Anticorrupción y Iañez discreparon al inicio de la operación sobre un registro en la empresa Inassa, pieza clave en la investigación.

Y el ministro de Justicia, Rafael Catalá, cuestionado por la gestión de los fiscales y por el mensaje a Ignacio González que se conoció ayer, hoy ha optado por no hacer declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso de la Abogacía madrileña.

Entre tanto, el PP ha admitido que supo en 2014 gracias a la denuncia interna de uno de sus diputados que Ignacio González tenía una cuenta en Suiza, y, aunque sin pruebas de que esa acusación fuera cierta, decidió apartarlo de la candidatura a las elecciones de 2015.

Esto es lo que han afirmado diferentes responsables del PP en aquella época ante las declaraciones del diputado en la Asamblea de Madrid Jesús Gómez, quien denunció “hasta en tres ocasiones” ante Esperanza Aguirre, y después ante los dirigentes nacionales del partido Juan Carlos Vera y Carlos Floriano, la existencia de esa cuenta.

Floriano ha reconocido que se reunió con Gómez y que le enseñó el supuesto número de cuenta, en tanto que Juan Carlos Vera ha agregado que el denunciante no aportó pruebas concluyentes de su acusación, de modo que no podían llevarlo a Fiscalía.

No han aclarado si esa información acabó o no en manos del presidente del partido y del Gobierno, Mariano Rajoy, pero Floriano ha recordado que, un año después, en las autonómicas de 2015, González no fue candidato.

Las revelaciones de Jesús Gómez apuntan directamente a Esperanza Agurre, quien, según el diputado, tachó de “calumnias y mentiras” sus denuncias.

Precisamente, Izquierda Unida ha presentado una querella por la que solicita unirse a la causa y en la que pide que se impute a la expresidenta madrileña, al exministro Eduardo Zaplana y al secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, entre otros.

En la querella (presentada junto con otros partidos y colectivos sociales como Equo y Ecologistas en Acción), también solicita al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que impute a los extesoreros del Partido Popular Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas y a la propia formación política.

Sostienen los querellantes que la imputación de Esperanza Aguirre es necesaria, sobre todo teniendo en cuenta el “grado de implicación, complicidad y cercanía con el principal cabecilla de la trama corrupta”, Ignacio González.

También quiere sumarse a la causa el Ayuntamiento de Madrid, accionista minoritario del Canal de Isabel II, que hoy lo ha aprobado en el Pleno municipal con el voto en contra del PP y a favor del resto de los partidos.