La oposición venezolana trata de revocar el mandato de Maduro bajo un estado de excepción

La oposición venezolana, que impulsa un referendo para revocar el mandato del presidente Nicolás Maduro, debe esquivar los obstáculos que los separan de esta votación en el marco de un estado de excepción decretado por el jefe de Estado hecho público hoy, una norma que da más poder al Ejecutivo.

Este lunes, la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) reiteró su posición de presionar al Poder Electoral para que active el revocatorio cuando justamente se cumplen dos semanas de que se entregara el primer requisito para que se realice el referendo con la entrega de 1.8 millones de firmas de venezolanos que lo apoyan.

“La MUD ha anunciado que va a seguir presionando”, dijo hoy a periodistas el portavoz de la coalición opositora y alcalde del municipio caraqueño de Sucre, Carlos Ocariz, al reiterar la convocatoria a marchar hasta el Consejo Nacional Electoral (CNE) este miércoles.

Asimismo, el dos veces candidato a la Presidencia Henrique Capriles dijo hoy en su cuenta de Twitter: “Más del 70 % de los venezolanos quiere REVOCATORIO! El miércoles 18 de Mayo nos movilizaremos al CNE para exigir cumplan la Constitución y el Reglamento”.

La marcha de pasado mañana sería la tercera manifestación a la que convoca la MUD desde que se entregaron las firmas ante la sede del organismo electoral para presionar que se pase a la segunda etapa en la serie de requisitos que debe consignar la oposición para poder activar el revocatorio.

En medio de esa agenda de acciones para presionar al CNE hoy se hizo pública la Gaceta Oficial que contiene el decreto de presidencial en el que se declara el “Estado de Excepción y Emergencia Económica” por 60 días en todo el territorio.

Se trata de una norma con la que Maduro pretende hacer frente a supuestas amenazas de golpe de Estado que se fraguan desde Estados Unidos, según ha asegurado recientemente, con la ayuda de la oposición venezolana y el apoyo del expresidente colombiano Álvaro Uribe.

“Se declara el Estado de Excepción y Emergencia Económica (...) dadas las circunstancias de orden social, económico, político, natural y ecológico que afectan gravemente la economía nacional, el orden constitucional, la paz social, la seguridad de la nación”, señala el artículo 1 del decreto.

La norma permite “dictar medidas y ejecutar planes especiales de seguridad pública que garanticen el sostenimiento del orden público ante acciones desestabilizadoras que pretendan irrumpir en la vida interna del país o en las relaciones internacionales de este”.

Asimismo se instruye a la Cancillería venezolana la auditoría de convenios firmados por personas naturales o jurídicas nacionales con entidades u organismos extranjeros para la ejecución de proyectos en el país “y ordenar la suspensión de los convenios cuando se presuma su utilización con fines políticos o de desestabilización”.

El decreto se apoya, entre otros aspectos, en la “consideración” de que el Parlamento, de mayoría opositora, supuestamente pretende “el desconocimiento de todos los Poderes Públicos” y promociona “la interrupción del periodo presidencial establecido en la Constitución por cualquier mecanismo a su alcance fuera del orden constitucional”.

La norma establece también las medidas que el Gobierno lanzó a principios de este año en el marco del llamado decreto de emergencia económica que entonces fue negado por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de mayoría opositora, y que después fue validado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Se reiteran así, en este decreto, las medidas para garantizar la “correcta distribución” de productos de primera necesidad al dar atribuciones “extraordinarias” a las autoridades, “incluso mediante la intervención de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”, para que se logre este fin.

También le permite ordenar el desembolso de partidas extrapresupuestarias y aprobar contratos para la obtención de recursos financieros o “aprovechamiento de recursos estratégicos para el desarrollo económico del país” sin someterse “a autorizaciones o aprobaciones de otros Poderes Públicos”.

Entretanto, la comisión designada por la Presidencia venezolana para la revisión de la solicitud del revocatorio reiteró hoy su acusación a la oposición de consignar firmas fraudulentas para solicitar la activación del mecanismo.

El jefe de esta comisión, Jorge Rodríguez, aseguró que, entre las rúbricas entregadas figuran firmas de ciudadanos fallecidos, sin huella dactilar, con caligrafía similar o que no corresponden a la entidad.

La oposición ha señalado la necesidad de que el referendo se active este año pues, de realizarse en 2017, se vencería el plazo constitucional para que sea electo un nuevo gobierno y, de ser revocado, Maduro cedería el poder a su vicepresidente de turno.