Un opositor salvadoreño dice que la reapertura del caso Romero es un sinsentido

El diputado opositor salvadoreño Mauricio Vargas dijo hoy a Efe que la reapertura del proceso penal por el asesinato de monseñor Óscar Arnulfo Romero es un sinsentido porque viola los procesos judiciales establecidos.

“No le encuentro sentido, no le encuentro razón y me da la impresión que es una violación al debido proceso”, sostuvo Vargas, que acusó a la “industria del activismo” y a los “temerarios justicieros” de poner “más carga a la sociedad” con la reapertura, en referencia a las organizaciones que representan a las víctimas.

Vargas, general del Ejército retirado y miembro de la generación de oficiales más cuestionada por violar derechos humanos durante la guerra civil, también rechazó que en el proceso se busque incluir al fundador de su partido, la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Roberto D'Aubuisson.

Un informe de la ONU de 1993 atribuye la autoría intelectual del magnicidio de Romero, entonces máximo jerarca de la Iglesia católica salvadoreña, al difunto a D'Aubuisson, mayor del Ejército y que fue director de la Agencia Nacional de Seguridad Salvadoreña (Ansesal).

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema sostuvo en una sentencia de julio de 2016, con la que anuló una ley de amnistía que bloqueaba los procesos de crímenes de guerra, que los casos en el informe debían ser resueltos por la Justicia.

El legislador sostuvo que el informe “no tiene ninguna validez en términos legales”, porque la comisión que realizó las investigaciones estaba en una “situación bien precaria en tiempo, recursos y medios”.

Por su parte, el diputado Norman Quijano, también de Arena, señaló a Efe que la causa “se ha prestado para la politización” y que “la imagen de monseñor Romero ha sido el caballito de batalla que han usado permanentemente para dirigir afrentas en contra del fundador de nuestro partido”.

Fue el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador el que desentrampó la causa de uno de los asesinatos más emblemáticos de El Salvador, que resonó a escala internacional y fue cometido cuando el país entraba en una franca guerra civil que se extendió hasta 1992.

La decisión judicial, dada a conocer este jueves, anuló el sobreseimiento decretado el 31 de marzo de 1993 del proceso contra el capitán Álvaro Rafael Saravia, único acusado del magnicidio y quien se encuentra en paradero desconocido.

El juzgado basó la resolución que reabre el proceso en la sentencia del Constitucional que dio al traste con la ley de amnistía, la “herramienta” con la que militares y guerrilleros habían sorteado todo proceso por los crímenes de guerra.

El arzobispo fue asesinado el 24 de marzo de 1980 por un francotirador desconocido cuando oficiaba misa en la pequeña capilla del hospital de cáncer La Divina Providencia, en San Salvador.

Romero, beatificado el 23 de mayo de 2015 en una multitudinaria misa en San Salvador, denunciaba en sus homilías los ataques de los cuerpos de seguridad contra la población civil y otras violaciones a los derechos humanos.