La deuda de los partidos políticos con los bancos superó los 230 millones de euros en 2015
La deuda del conjunto de formaciones políticas en españa ascendió a finales de 2015 a 233,3 millones de euros. Así lo confirman los datos del último informe del Tribunal de Cuentas, que tras analizar los datos fiscales de 30 formaciones políticas --entre las que se incluyen Ciudadanos, Izquierda Unida, Compromís, Convergencia (CDC, socio de la nueva Junts per Catalunya) o EH Bildu-- se ha negado a dar el visto bueno al ejercicio económico de los partidos durante los años 2014 y 2015, por percibir “demasiadas incidencias, deficiencias y discrepancias que limitan de examen”.
El informe “de fiscalización de los estados contables de los partidos políticos y de las aportaciones percibidas por las fundaciones y demás entidades vinculadas o dependientes de ellos” durante los años 2014 y 2015 fue aprobado la semana pasada por el Pleno del Tribunal y este viernes ha sido remitido al Congreso. Concretamente, los partidos analizados percibieron directa o indirectamente algún tipo de subvención pública para entender sus gastos de funcionamiento otorgada por el Estado, las comunidades autónomas o por haber obtenido representación parlamentaria en los procesos electorales de 2015.
Seis formaciones con patrimonio neto negativo
Al cierre de los ejercicios fiscalizados, seis formaciones presentaban patrimonio neto negativo, incluyendo a Iniciativa per Catalunya (hoy en En Comú), Unió Democràtica (UDC) y la federación de CiU.
En el caso de estas dos últimas organizaciones, que ya no concurren a elecciones aunque sí buena parte de sus antiguos dirigentes, su situación de desequilibrio patrimonial ya se había puesto de manifiesto en informes de fiscalización anteriores.
En sus recomendaciones, el Tribunal de Cuentas propone que las formaciones políticas que presenten durante dos o más ejercicios económicos una situación patrimonial negativa ajusten sus actividades económicas con objeto de alcanzar el necesario reequilibrio patrimonial y elaboren un plan de saneamiento para evitar caer en situaciones de insolvencia, habida cuenta de que los ingresos públicos representan la mayor parte de los ingresos registrados.
