El juez prepara el embargo de las cuentas de Urdangarin tras no pagar la fianza

El juzgado de Instrucción número 3 de Palma solicitará a Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres una relación de bienes susceptibles de ser embargados para responder a la fianza civil de casi 8,2 millones de euros que les fue impuesta y que no han depositado en el plazo que finalizó la pasada medianoche.

Éste será el siguiente paso que dará el magistrado instructor del caso Nóos, José Castro, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB).

Para requerir la relación de bienes -que puede incluir propiedades, acciones o dinero-, el juez dictará una providencia, aunque se ha concretado la fecha en que lo hará.

Dependiendo de su régimen matrimonial, Urdangarin y Torres podrán presentar bienes que también sean propiedad de sus esposas, la infanta Cristina y Ana Maria Tejeiro, ésta última también imputada en la causa.

En caso de que no presentaran el listado de bienes susceptibles de embargo, el juez los podría solicitar a la Agencia Tributaria.

Una vez comprobado el valor de los bienes señalados se procederá a su embargo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 597 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), si bien, en caso de que ni Urdangarin ni Torres designasen bienes concretos, el Juzgado iniciaría una investigación de la totalidad de su patrimonio en aras a embargarlo en cuantía suficiente hasta cubrir la suma reclamada.

Tal y como ya indicó el juez, entre los bienes se verán afectadas las participaciones de las que sean titulares ambos imputados en las empresas de su entramado: Nóos Consultoría Estratégica, Intuit Strategy Innovation Lab, Shiriaimisu, Virtual Strategies, De Goes Center for Stakeholder Management, Blossom Hills, Fundación Deporte, Cultura e Integración Social y Aizoon, la sociedad cuya propiedad Urdangarin comparte al 50 por ciento con la Infanta Cristina.

En cualquier caso, fuentes judiciales han precisado a Europa Press que el hecho de que haya expirado el plazo para abonar la fianza, no impide que más adelante puedan depositarla, lo que paralizaría el proceso de embargo de los bienes.

El pasado día 30, el juez Castro ordenó al duque de Palma y a Torres aportar, de forma solidaria, 8.189.448,44 euros en concepto de fianza de responsabilidad civil por las posibles responsabilidades que pudieran atribuirse a ambos en el caso Nóos.

La cantidad, que se ajusta a lo solicitado por la Fiscalía y la acusación popular que ejerce el Sindicato Manos Limpias, corresponde a los fondos públicos de Baleares y la Comunidad Valenciana percibidos por Nóos entre 2004 y 2007 por diversos contratos presuntamente irregulares, más un tercio añadido de esa cantidad como se hace habitualmente en cálculos procesales.

Tanto Urdangarin como Torres han recurrido el auto mediante el que fue decretada la fianza. En el caso del Duque, denuncia haber visto vulnerado su derecho de defensa tras decretarse la caución, lo que ha puesto de manifiesto “a los efectos de que [el derecho supuestamente quebrantado] pueda continuar siendo invocado, en el momento procesal oportuno”, ante la Audiencia Provincial de Baleares y, en su caso, ante el Tribunal Constitucional.

Un recurso de reforma en el que, además, considera que, en el caso de que finalmente devenga firme la fianza en la anterior cuantía, se vería abocado a un “injusto empobrecimiento” y se produciría un “enriquecimiento injusto” para los beneficiarios de la anterior cantidad.

En su auto de responsabilidad civil, al que tuvo acceso Europa Press, el juez José Castro afirmaba que Urdangarin y Torres no son “los únicos criminalmente responsables” en el marco de estas pesquisas, al reprochar en este contexto el papel que desempeñaron las Administraciones públicas de Baleares y la Comunidad Valenciana y más en concreto de quienes gestionaban el dinero que acabó desviado.

En una resolución de 542 páginas, el magistrado llegaba a afirmar que se limitaba a imponer la caución a Urdangarin y Torres “por exigencia de congruencia” con las peticiones de la Fiscalía Anticorrupción y el sindicato Manos Limpias, al considerar que “deviene imposible imaginar una disposición de fondos públicos en la que no intervenga de una manera activa o pasiva quien tiene encomendada su gestión”.

De hecho, el instructor aseveraba que los responsables de las instituciones balear y valenciana, de las que el Instituto Nóos percibió el dinero supuestamente defraudado, son “merecedores de más intenso reproche ético y jurídico en tanto estarían quebrantando el especial deber que sobre los mismos pesa en orden a la correcta gestión de los fondos públicos que les han sido confiados”.

Es más, Castro sostenía que, en el marco de las contrataciones llevadas a cabo entre las Administraciones y el Instituto Nóos, los convenios de colaboración suscritos para ello “no fueron otra cosa que la forma arbitraria de vestir el santo”, cuya “única” finalidad era, con un “total abuso de poder”, beneficiar a la entidad y en este caso “al más ilustre de sus miembros: el señor Urdangarin”.

En concreto, la fianza engloba los 1,2 millones de euros que percibió Nóos para la celebración del primer Illes Balears Forum (2005); los 1,085 millones del segundo (2006); los 1.044.000 millones de cada una de las tres ediciones llevadas a cabo del evento Valencia Summit, y los 382.000 euros que percibió Nóos en virtud de un convenio con el Consell de la Generalitat y la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana, por la celebración de unos Juegos Europeos que nunca tuvieron lugar.

Asimismo, se incluyen los 54.520 euros pagados a Nóos por el Govern balear para el seguimiento de la repercusión del equipo ciclista Illes Balears - Banesto; los 174.000 que pagó el Illesport por la creación de la oficina del proyecto de este equipo deportivo; los 116.566 del Ibatur por la elaboración de material promocional del Illes Balears, y 2,1 millones de multa (un tercio de la cantidad global solicitada).