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Más de 60.000 personas piden en Internet que el Gobierno incluya a los partidos en la Ley de Transparencia

Más de 60.000 personas han apoyado en Internet, en apenas cinco días, una petición para que el Gobierno permita incluir a los partidos políticos en la futura Ley de Transparencia que se tramita en el Congreso.

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En esta petición, impulsada por www.tuderechoasaber.es a través de la plataforma internacional www.Change.org, se puso en marcha el pasado viernes después de la habitual rueda de prensa que la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ofrece al término del Consejo de Ministros.

TRAS EL 'CASO BÁRCENAS'

Aquella comparecencia estuvo centrada precisamente en el escándalo que gira en torno a las cuentas que se atribuyen al extesorero del PP Luis Bárcenas y a los supuestos pagos de sobresueldos en negro a diversos miembros de esa formación.

Desde entonces, la solicitud para que el Gobierno incorpore a los partidos en la futura Ley de Transparencia ha sumado más de 60.000 firmas y sus promotores la justifican recordando que las formaciones políticas se financian "en su mayor parte" con fondos públicos. "Y, por lo tanto, deberían responder a las mismas exigencias de transparencia que cualquier otro organismo público", añaden.

La misma petición han hecho este miércoles en el Congreso dos de los expertos que han sido invitados a la Comisión Constitucional para ilustrar a los diputados encargados de la tramitación de la Ley de Transparencia: el presidente de Transparencia Internacional España, Jesús Lizcano, y uno de los miembros del Comité Ejecutivo de esta ONG, Antonio Garrigues Walker.

TAMBIÉN LA CASA DEL REY Y LOS SINDICATOS

"Lo lógico" sería que "todo el mundo" estuviera sometido a esa norma, ha dicho Garrigues. Su compañero, por su parte, ha apuntado la conveniencia de que las formaciones también se incorporen a la Ley de Transparencia ante la demanda cada vez mayor de transparencia de una ciudadanía "indignada" con sus gobernantes y políticos.

Pero, además, ambos expertos también han abogado por que la Casa del Rey, los sindicatos e incluso las organizaciones empresariales también se sometan a la futura norma, que está en la actualidad tramitándose en el Congreso.

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