La policía accede a la vivienda sobre la que pesa una orden de demolición

El propietario de la vivienda sobre la que pesa una orden de demolición de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), David López Núñez, confirmó que agentes de la Policía Autonómica han accedido finalmente a la casa, a pesar de la oposición de los dueños y de los vecinos que se desplazaron hasta el lugar para apoyarlos y evitar el derribo.

“Al final entraron”, dijo a EFE, “se reafirmó el juez y no aceptó medidas cautelares”, porque “como no es vivienda habitual, aunque yo resido muchas veces en ella, desestimó nuestro recurso”.

También sostuvo que no está “de acuerdo con la orden judicial”, porque ni siquiera viene a su nombre.

Según el propietario, los policías accedieron al interior de la finca, donde numerosos vecinos habían dejado estacionados sus vehículos, y luego “rompieron las cerraduras” para entrar en la casa, que esta mañana estaba rodeada de tractores y otros vehículos pesados, precisamente para evitar el derribo.

“Los vecinos siguen todos aquí”, dijo David López, quien en todo caso apuntó que “por la fuerza” no se van a “oponer a la policía”.

“Nos apoyan, pero tampoco queremos que sancionen a la gente que está aquí. Pero bueno, la gente de momento se queda y no se quiere ir. Nos siguen apoyando”, precisó.

A primera hora de la mañana llegó a producirse un forcejeo entre los vecinos y los agentes de policía que se personaron en el lugar y se vivieron momentos de mucha tensión.

De hecho, según testigos presenciales del incidente, el propio portavoz del BNG, Rubén Arroxo, acabó a causa de esa disputa en el suelo.

David López Núñez, copropietario de la vivienda, -la casa también es de su hermana Dolores María-, explicó que ese expediente de reposición de legalidad fue tramitado de acuerdo con las normas urbanísticas del anterior plan general, del año 1991, porque la vivienda está situada en “suelo rústico de protección ordinaria”.

De hecho, precisó que en el nuevo plan general de Lugo, concretamente en el 5% que todavía está pendiente de aprobación, la calificación de la finca en la que está emplazada esa casa cambia, de modo que sería “perfectamente legalizable”.

En cuanto a los recursos judiciales presentados, que han sido desestimados, contó que se basan en que el expediente fue tramitado a nombre de su madre, que nunca fue dueña de esa vivienda, dado que era “un bien privativo” de su padre, heredado, a su vez, “de su abuelo”.

Al fallecer su padre en el año 2006, fueron los dos hermanos los que heredaron la propiedad, pagaron los impuestos de sucesión y continuaron tributando cada año el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) al Ayuntamiento, sin que nadie de la Administración les comunicase la tramitación del citado expediente.

David López insistió en que tanto su hermana como él, en calidad de propietarios de la vivienda que es objeto de ese expediente, deberían haber recibido las correspondientes notificaciones administrativas, pero nunca llegaron porque fue tramitado a nombre de una persona, su madre, que no era la dueña de la casa.