La política de refugio se torna en quebradero de cabeza para Uruguay

La dificultosa adaptación de los seis ex reos del penal de Guantánamo y las cinco familias sirias que Uruguay acogió por razones humanitarias se ha convertido en un quebradero de cabeza para el Gobierno de un país con tradición de refugio que busca solucionar lo que parece enconarse cada vez más.

Han pasado casi cinco meses desde que Uruguay abrió las puertas a cuatro sirios, un tunecino y un palestino que habían estado 13 años presos sin cargos en el penal estadounidense de Guantánamo (Cuba) y hoy su supervivencia en el país, para lo que piden mayor ayuda económica, está en el centro de una particular guerra mediática.

“La razón por la que decidimos protestar enfrente a la embajada de Estados Unidos es porque queremos que ellos y el resto del mundo escuchen nuestras voces. Esto es una situación que no quisimos ni buscamos pero desafortunadamente nos vimos forzados a ello”, expresan cuatro de los ex reclusos a través en un blog en internet.

Se trata de los sirios Ali Shabaan, Faraj y Ahmed y el tunecino Abdul, que el pasado viernes iniciaron frente la embajada estadounidense en Montevideo una protesta que ha advertido que no cesarán hasta que se atiendan sus necesidades.

“El Gobierno de ese país (EE.UU.) nos tuvo detenidos de forma errónea y ahora ellos deberían proveernos de lo necesario para llevar una vida normal como seres humanos”, dicen.

Fue el pasado diciembre cuando Uruguay abrió sus puertas a los seis ex presos por “razones humanitarias” y por el compromiso del entonces presidente, José Mujica (2010-2015), en colaborar con su homólogo en EE.UU., Barack Obama, con el objetivo de cerrar esa cárcel para acusados de terrorismo situada en territorio cubano.

Abdul dijo a Efe que quiere “vivir y trabajar en Uruguay y establecer su familia”, pero aseguró que “con los 15.000 pesos (unos 523 dólares) que recibe del Gobierno uruguayo no es suficiente” para vivir y traer a sus familias.

“No se ha cumplido lo que ellos han pedido y por eso han venido a reclamar acá hoy. Ellos necesitan alguna solución, sea del Gobierno uruguayo o del norteamericano”, dijo Ismael, uno de los traductores de los ex presos, que apenas hablan español.

Esta situación no es ajena al actual mandatario uruguayo, Tabaré Vázquez, que asumió el cargo el pasado 1 de marzo.

“Estoy preocupado, porque me pongo en el lugar de ellos y debe de ser muy difícil para quienes vienen de otras partes del mundo, con otras culturas, religiones y costumbres implantarse en un país extraño”, consideró en unas declaraciones a la prensa pocos días antes de coincidir con Obama en la VII Cumbre de las Américas de Panamá, el 10 y 11 de abril.

En Panamá, Vázquez anunció que Acnur (Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados) contaba con los recursos necesarios para atender los requerimientos de los ex presos y que próximamente cada uno de ellos tendría una vivienda.

Sin embargo, la mayoría decidió no firmar el documento que les entregó el Servicio Ecuménico para la Dignidad Humana (Seduh) en representación de Acnur en Uruguay, por contener cosas “que no están claras”, según Abdul.

“Sedhu es la organización que estuvo ayudándonos con dinero, pero ahora nos cortaron esa ayuda porque nos negamos a firmar los papeles que nos trajeron, porque las condiciones que allí se plantean son diferentes de las que acordamos de palabra con el ministro de Relaciones Exteriores”, cuentan en el blog.

Según relatan, el canciller Rodolfo Nin Novoa les dijo que son “refugiados políticos” y que mientras vivan en Uruguay el Gobierno les dará viviendas y cubrirá las cuentas (agua, luz, gas e internet) durante tres años.

“El convenio dura un año y ellos lo saben, porque yo se los mostré en una reunión”, destacó hoy el canciller tras la reunión del consejo de ministros.

“Los propios prisioneros todavía no han definido qué cantidad de familiares o parientes quieren traer y en función de ese número nosotros buscaremos las viviendas adecuadas para ello”, añadió.

Al llegar al país, el sindicato PIT-CNT les proporcionó una vivienda conjunta hasta que lograsen encontrar un trabajo y valerse por sí mismos, pero, según cuenta el tunecino, la casa era pequeña y dos de los ex presos se fueron a un hotel.

“No queremos parecer desagradecidos con el pueblo uruguayo y su Gobierno”, dicen los hombres, que afirman querer trabajar y vivir en Uruguay, pero que “se debe entender que este proceso lleva tiempo”.

Tanto Vázquez como Mujica coinciden en que si bien Uruguay dio asilo a los ex presos, han de ser las autoridades de Estados Unidos las que velen por que la vida de esos ciudadanos “sea digna”.

Menos mediática es la situación de los 42 ciudadanos sirios que arribaron al país en octubre por decisión del Ejecutivo de Mujica.

Mientras en ese momento el plan era recibir en febrero de 2015 otras siete familias que huyen de la guerra civil en Siria, ese mes pasó y no llegó nadie más.

“Tenemos un compromiso y vamos a estudiar esa situación. Lo que por el momento no van a venir son nuevos presos de Guantánamo”, aseveró Vázquez el pasado 8 de abril.

Supuestos casos de violencia machista, negados después por el Gobierno, así como el aviso de que algunas niñas sirias no estaban yendo a la escuela, dieron pie a polémicas en los últimos meses.

Acnur indicó a Efe en febrero que 72 ciudadanos sirios tienen la “esperanza” de instalarse próximamente en el país, algo que se prevé suceda a finales de 2015.