La portavoz del PSOE recuerda que fue su grupo quien pidió denunciar Mercamadrid

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, ha remarcado hoy que fue su grupo el que pidió que se llevasen a la Fiscalía las supuestas irregularidades en el seno de Mercamadrid, que serán objeto, según ha recordado, de una comisión de investigación.

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento se ha pronunciado de este modo a las puertas del salón de Plenos tras conocer que la Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado una denuncia contra los integrantes del Consejo de Administración de Mercamadrid en 2013, entre ellos la actual delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, y el hermano de Ignacio González, Pablo, por un presunto delito societario.

“He de recordar que pedimos la comparecencia de la señora (delegada Marta) Higueras para explicar qué sucedía en Mercamadrid, que se hiciera un informe y se llevara a la Fiscalía y que solicitamos en este Pleno una comisión de investigación para esclarecer qué pasaba con este contrato con Mercaocio que es claramente lesivo para las arcas municipales”, ha dicho la socialista.

Causapié ha señalado que “otra vez más” ha surgido “una relación con el PP de Madrid, con Ignacio González y con toda esta trama” y ha pedido que se trabaje para esclarecer “qué ha sucedido en Mercamadrid”, donde el Ayuntamiento “tiene que pagar curiosamente por ceder una nave que no sirve para nada y que no utiliza para nada”.

“Pediremos al Ayuntamiento de Madrid que colabore, que siga mandando toda esta información para que cuanto antes esta situación se aclare”, ha dicho la portavoz socialista.

La Fiscalía solicita al juez que se les tome declaración en calidad de investigados por los acuerdos de transacción y contratos de arrendamiento suscritos por Mercamadrid con la empresa Merca Ocio 22 S.L., que habrían supuesto un “importante perjuicio patrimonial” para la primera, “a la vez que un enriquecimiento ilícito para Mercaocio”.

El Ayuntamiento de Madrid llevó a la Fiscalía en enero de 2016 el informe con las conclusiones de la investigación que realizó para averiguar si antiguos gestores de la empresa municipal Mercamadrid cometieron delito al firmar un acuerdo extrajudicial “lesivo” que le costó 623.000 euros al año.