El presidente del Consejo General de procuradores defiende que cumplió la legalidad

El presidente del Consejo General de Procuradores de España, Juan Carlos Estévez, investigado por presuntamente falsear los estatutos de Colegio de Procuradores de Madrid en 2003, ha defendido que cumplió la legalidad vigente al pasar los controles del Consejo y de la Comunidad de Madrid.

Estévez se ha referido en rueda de prensa con motivo de su reelección en el cargo para un nuevo mandato de cuatro años al frente del Consejo, que se reúne hoy por vez primera.

El presidente del Consejo compareció el pasado 6 de octubre ante el Juzgado de Instrucción número 52 de Madrid en calidad de investigado junto al actual decano del Colegio de Procuradores de Madrid, Gabriel de Diego, y otros quince miembros más de la actual y antigua directiva de la institución madrileña.

Todos ellos fueron citados en la causa que investiga la querella de la Asociación para la Defensa del Procurador (APD) contra 17 directivos y exdirectivos del Colegio de Madrid por los delitos de falsificación de documento y prevaricación, que en aquella época tenía como decano a Juan Carlos Estévez.

“Es un tema repetitivo y aburrido”, ha señalado Estévez que ha recordado las tres querellas presentadas por estos hechos han sido archivadas.

Al respecto, ha explicado que el Consejo General aprobó un nuevo estatuto general en 2002 que obligaba a los 67 colegios del país a modificar los suyos para adaptarlos a la texto de rango nacional.

Un año más tarde, la Junta General aprobó el texto propuesto por una comisión interna del Colegio de Madrid y se envió al Consejo General de España y a la Comunidad de Madrid para pasar los correspondientes controles de legalidad.

“Lo que hayan cambiado (del texto) lo cambió el Consejo General y la Comunidad de Madrid, no yo”, ha subrayado Estévez que ha recordado que él era decano cuando se inició el trámite pero no cuando finalizó.

El procedimiento judicial investiga el proceso de cambio de los estatutos del Colegio de Madrid iniciado en noviembre de 2003 y del que los colegiados, según la querella, no volvieron a tener conocimiento hasta que cuatro años más tarde, en 2007, se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCAM).

La cuestión es que el texto publicado no es el mismo que el aprobado en 2003, sino que tiene seis artículos y tres disposiciones más que el original y, según los querellantes, “alteraciones en otros cincuenta artículos”, sin que supuestamente se comunicaran esos cambios.

Al respecto, los procuradores investigados admitieron ante la juez que el texto publicado en el BOCAM en 2007 tiene cambios respecto al aprobado por el Colegio en 2003, pero atribuyeron los mismos a las recomendaciones efectuadas desde la Comunidad de Madrid, que tiene la competencia para pedir dichos cambios al Colegio.