El presidente de Defex declara que el fraude en la venta de armas a Angola se produjo en la etapa de su antecesor

El presidente de la empresa pública Defex, Fernando Aguilar Viyuela, ha declarado ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que el supuesto fraude de 152 millones que se habría producido en un contrato destinado a equipar con armas y material a la Policía Nacional de Angola tuvo lugar durante la etapa de su antecesor en el cargo, José Ignacio Encinas, imputado por estos hechos, informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Aguilar Viyuela, que ha comparecido como representante de Defex, imputada en la causa como persona jurídica, ha recordado que los hechos que se investigan se produjeron en los ejercicios 2008 y 2009 y que él accedió al cargo tras la salida de Encinas, que se produjo en mayo de 2012.

El presidente de Defex ha contestado a las preguntas de todas las partes y ha negado que la empresa pudiera incurrir en un delito fiscal porque un acta de la Agencia Tributaria determina que la empresa realizó la liquidación de esos ejercicios de acuerdo a su condición de empresa pública, al estar participada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

También ha comparecido en el Juzgado Central de Instrucción número 5 aunque se ha acogido a su derecho de no declarar una representante de la comercial Cueto 92, también imputada como persona jurídica al haber constituido junto a Defex la unión temporal de empresas (UTE) que se adjudicó el contrato investigado.

El magistrado atribuye a las dos sociedades, que formaron la unión temporal de empresas (UTE) que se adjudicó el contrato, los delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, contra la Hacienda Pública, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

DIRECTIVOS IMPUTADOS

En el marco de esta causa está imputada la abogada Beatriz García Paesa, sobrina del antiguo miembro de los servicios de inteligencia Francisco Paesa, que quedó en libertad bajo fianza de 100.000 euros a pesar de desarrollar su actividad profesional en Luxemburgo.

El responsable del Juzgado Central de Instrucción número 5 también investiga al expresidente de Defex José Ignacio Encinas Charro, que abonó el pasado martes una fianza de 50.000 euros; al consejero delegado de Cueto, Juan Carlos Cueto Martín (bajo fianza de 100.000 euros); al exdirectivo de Defex Ángel María Larumbe (30.000 euros); al directivo de la empresa Manuel Iglesias-Sarria; y a la esposa de Cueto, Yciar de Iraola.

A todos ellos se les imputan indiciariamente los delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales contra la Hacienda Pública, cohecho, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y falsedad documental.

TRANSFERENCIAS MILLONARIAS A LUXEMBURGO

En un auto dictado el pasado 12 de julio, el juez explicaba que la UTE Cueto-Defex transfirió a un banco de Luxemburgo 41,4 millones de euros sin razón comercial o actividad mercantil aparente alguna. Según el juez, los imputados “confeccionaron de forma aparentemente inveraz facturas y adendas a los contratos que permitiesen justificar tales desvíos de fondos al extranjero”.

Como beneficiarios últimos del dinero figuran los propios acusados y familiares de funcionarios públicos de la República de Angola. El magistrado presume de forma indiciaria que los directivos de Defex y Cueto imputados se concertaron con funcionarios angoleños para, a través del contrato de suministro de material a la Policía, llevar a cabo una apropiación patrimonial ocultada, desviada al extranjero mediante un complejo entramado societario desde paraísos fiscales.

La trama fue desarticulada a través de la bautizada como 'Operación Angora', en la que fueron detenidas una decena de personas. El resto de los arrestados quedaron en libertad con la imposición de fianzas y medidas cautelares que incluían la retirada del pasaporte y la obligación de comparecencia en el juzgado cada semana.