El presidente del Senado brasileño denuncia “interferencias” del Supremo

El presidente del Senado brasileño, Renán Calheiros, criticó hoy una medida cautelar dictada por un juez del Supremo que anuló el trámite de un paquete de leyes contra la corrupción y afirmó que “interfiere” en el proceso legislativo.

“Es una interferencia, una invasión”, declaró Calheiros sobre la decisión del magistrado Luis Fux, que determinó la suspensión del trámite del proyecto de ley que propone nuevas medidas contra la corrupción y establece sanciones para jueces que actúen por “motivaciones político-partidarias”.

Esa ha sido una denuncia recurrente por parte de muchos políticos investigados por la trama de corrupción descubierta en la estatal Petrobras, que se han dicho objeto de una “persecución política” que se valdría de un “brazo judicial”.

El propio Calheiros se enfrascó la semana pasada en un conflicto con el Supremo, después de que un juez dictó una cautelar que lo suspendía de su cargo después de que esa corte instauró un juicio en su contra por supuesta corrupción.

La Mesa Directiva del Senado se declaró en rebeldía y se negó a cumplir con la cautelar, que dos días después fue anulada por el pleno del propio Supremo.

El proyecto de ley que ha desatado la nueva polémica nació de una iniciativa del Ministerio Público respaldada por más de dos millones de ciudadanos, pero fue alterado en la Cámara de Diputados, que introdujo los artículos que causaron alarma en el Poder Judicial.

Los diputados aprobaron la semana pasada el proyecto con esas alteraciones en una sesión que se prolongó hasta la madrugada y el texto fue remitido luego al Senado, que pretende comenzar a discutirlo el año próximo.

En su decisión, el magistrado Fux sostuvo que el proyecto de ley propuesto por el Ministerio Público fue “desfigurado” en la Cámara baja, por lo que ordena que sea discutido nuevamente.

Las alteraciones en el proyecto contra la corrupción fueron aprobadas en la Cámara de Diputados en vísperas de que comenzara el proceso de cooperación judicial pactado por 77 antiguos directores de la constructora Odebrecht, que han acordado revelar detalles del funcionamiento de la trama corrupta en la petrolera.

Esos testimonios, aún bajo secreto judicial, han empezado a causar inquietud en Brasilia, donde se asegura que el escándalo puede alcanzar a unos 200 políticos de todos los partidos, incluidas decenas de senadores y diputados.