El presidente colombiano afirma que mañana será el “Día D” del acuerdo de paz

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, aseguró que mañana será el “Día D” para el acuerdo de paz con las FARC, ya que comienzan a correr los tiempos para que la guerrilla llegue a las zonas en donde se concentrará para entregar las armas.

“Mañana comienza el Día D, ¿eso qué quiere decir?, que en cinco días comienza el traslado de todos los miembros de las FARC a las zonas veredales de transición”, dijo el jefe de Estado en un acto de ascenso de militares del Ejército en Bogotá.

El Senado refrendó, al filo de la medianoche local del martes, por 75 votos a favor el nuevo acuerdo de paz firmado por el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) el 24 de noviembre y hoy se espera que la Cámara de Representantes haga lo mismo.

En consecuencia, mañana comenzaría el cronograma para que antes del 30 de diciembre todos los miembros de las FARC estén ubicados en las zonas de transición.

Luego, hasta el día 150, aclaró el presidente, se desarrollará el proceso de desarme, gracias al cual “las FARC le habrán entregado hasta la última arma a las Naciones Unidas (...) y habrán dejado de existir, porque ya no existirán las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia”.

El acuerdo de paz firmado incluye el abandono de armas por parte de esa guerrilla y su desmovilización, que debe cumplirse bajo supervisión de la ONU.

Hoy, en medio de fuertes discusiones, avanza en la Cámara de Representantes de Colombia, donde el Gobierno tiene mayoría, el debate para refrendar el nuevo documento y, en ese caso, quedará libre el camino para la implementación de lo pactado.

Uno de los contrarios al acuerdo, el exprocurador Alejandro Ordóñez, dijo en su intervención que el Congreso no puede refrendar los acuerdos de paz porque no tiene legitimidad.

“El 90 % de los senadores y el 80 % de los congresistas fueron derrotados en el plebiscito del 2 de octubre, entonces un acuerdo derrotado va a ser refrendado por un Congreso derrotado. Eso es una auténtica burla y un desconocimiento del derecho a refrendar del pueblo colombiano”, subrayó Ordóñez, quien junto con el senador y expresidente colombiano Álvaro Uribe se oponen al nuevo acuerdo.

La sesión en la cámara fue suspendida varios minutos porque algunos representantes del partido Alianza Verde y del Polo Democrático Alternativo (PDA) enarbolaron una pancarta en la que se leía “Ordóñez anulado por corrupto” y se reanudó después de que fuera retirada.

La congresista del Partido Verde Angélica Lozano explicó que el cartel tiene su razón porque Ordóñez accedió al cargo mediante prácticas corruptas y, por eso, el Consejo de Estado anuló esa elección.

Por su parte, el jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, reiteró en la cámara que al nuevo acuerdo se incorporó “el mayor número posible de cambios, 57 de los 60 propuestos” por los ganadores en el plebiscito de octubre.

De la Calle, según un comunicado de su oficina, señaló que “se puede constatar en las 310 páginas del nuevo acuerdo que la expresión 'bloque de constitucionalidad' no existe. No se apeló a esa figura. Se desistió de la idea de que todo el acuerdo hiciera parte de la Constitución”.

Recalcó que las FARC dejarán sus armas bajo supervisión internacional y recordó que la situación actual de alto el fuego es frágil.

Asimismo insistió en que la presencia de las FARC en el Congreso “permite exigirles que expliquen los acontecimientos, que den cuenta y razón de sus votos, lo que es una garantía de transparencia para los colombianos”.

Por su parte, el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, subrayó: “No se nos puede olvidar lo que estamos haciendo. Estamos tratando de acabar una guerra de más 50 años.Y no puede ser que por enredos jurídicos e interpretaciones diversas como la del bloque de constitucionalidad no seamos capaces de ponernos de acuerdo en lo que hay que hacer, que es terminar el conflicto”.

Valoró que las FARC se comprometieron a que deben presentar los listados de sus miembros, incluidas las milicias, para el abandono de armas y la reincorporación.

Además, las FARC deben entregar un inventario de todos sus bienes y activos, con lo que repararán a sus víctimas.