El presidente interino del Congreso de Brasil anula el trámite del juicio contra Rousseff

El presidente interino de la Cámara de Diputados de Brasil, Waldir Maranhao, ha anulado este lunes el trámite que ha dado lugar al proceso que le puede costar el mandato a la presidenta Dilma Rousseff, han confirmado a Efe fuentes parlamentarias. La decisión, cuyas consecuencias jurídicas todavía no están claras, fue adoptada en momentos en que el Senado se apresta para una votación que puede separar a Rousseff del poder durante al menos seis meses y se apoya en supuestas irregularidades observadas en el trámite seguido en la Cámara Baja.

Maranhao, que ha asumido la Presidencia de la Cámara de Diputados la semana pasada, en lugar de Eduardo Cunha, suspendido del cargo por la Corte Suprema, ha aceptado una demanda presentada por la Abogacía General del Estado. La defensa de Rousseff en el proceso ha denunciado “vicios que declaran nula de pleno derecho” la sesión del pasado 17 de abril en que 367 de los 513 diputados aceptaron las denuncias contra la mandataria y dieron lugar al trámite.

Maranhao, en una nota divulgada este lunes, ha explicado que uno de esos vicios consistió en que los partidos políticos representados en la Cámara de Diputados orientaron el voto de sus diputados, lo que no podría haber ocurrido en una decisión de esa naturaleza. “No podrían los partidos políticos orientar una cuestión para que sus parlamentarios votasen de un modo u otro, toda vez que debían hacerlo de acuerdo a sus convicciones personales y libremente”, ha explicado Maranhao.

El Gobierno y la propia Abogacía General del Estado han alegado que el proceso para la posible destitución de Rousseff comenzó por una supuesta “venganza” de Cunha, un declarado adversario de la gobernante presuntamente implicado en la corrupción de la empresa estatal Petrobras. Por su supuesta responsabilidad en ese caso, la Corte Suprema ha suspendido la semana pasada el mandato de Cunha y su lugar fue ocupado por Maranhao.

La decisión del presidente interino de la Cámara Baja, la primera que adopta desde que reemplazó a Cunha el pasado viernes, ha dejado en el limbo la votación que debe celebrar el Senado esta semana para decidir si se abre un juicio con miras a la destitución de Rousseff.

En principio, si el pleno del Senado, por mayoría simple de sus 81 miembros, se inclinase por la apertura del proceso, Rousseff sería separada del cargo durante los 180 días que pudiera durar el juicio y durante ese período sería reemplazada por el vicepresidente Michel Temer.

El vicepresidente, también enemistado con Rousseff, completaría el mandato que vence el 1 de enero de 2019 en caso de que el Senado destituyera a la mandataria, lo cual dependerá de las consecuencias que pueda tener la decisión anunciada este lunes por Maranhao.

39 diputados apoyan el juicio contra Rousseff

El posible juicio político contra la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, cuenta con más defensores que detractores en la comisión de la Cámara baja que estudia esa posibilidad y en ello pesan más los argumentos políticos que los jurídicos, según se desprende del debate de ese grupo que ha acabado este lunes.

Así, de los 61 diputados que hablaron en el debate, que ha concluido de madrugada tras trece horas de discusiones, 39 defendieron la apertura del juicio con fines de destitución contra Rousseff. Tan sólo 21 legisladores alegaron que no hay fundamentos jurídicos para la apertura del proceso y que, en caso de que el Congreso prosiga con él, estaría impulsando un golpe, mientras que uno parlamentario se mostró indeciso.

Pese a que la Comisión tiene que pronunciarse sobre si hay fundamentos jurídicos para la apertura del proceso, en la discusión prácticamente se ignoraron las discusiones técnicas y pesaron más los discursos políticos. En concreto, los diputados favorables a juzgar a Rousseff hicieron más referencias a la falta de condiciones para gobernar de la presidenta, a las acusaciones de corrupción contra su Gobierno y a la crisis económica del país. Los que se oponen al proceso, por su parte, argumentaron que el juicio no pasa de ser un intento de golpe promovido por los sectores de la oposición aún dolidos por la apretada derrota que sufrieron en las elecciones presidenciales de octubre de 2014.

En caso de que se pronuncie a favor del proceso, lo que se perfila como probable tras los discursos pronunciados durante el debate, el caso será remitido al pleno de la Cámara de Diputados, cuyos 513 miembros tendrán que decidir este mismo mes si autorizan al Senado a someter a la presidenta a un juicio con fines de destitución.