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Los presidentes de las mesas cobrarán 71 euros y los vocales, 63, un euro más que en 2015

Los ciudadanos que por sorteo tengan que presidir las mesas electorales en las elecciones catalanas del 21 de diciembre cobrarán 71 euros por la jornada, mientras que los dos vocales percibirán respectivamente 63 euros, cifras un euro superiores a las que se pagaron en estas mismas autonómicas de 2015. En total, 197 euros por mesa.

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Así se recoge en las normas complementarias que aprobó el pasado martes el Gobierno en Consejo de Ministros y que se publican este viernes el Boletín Oficial del Estado. En esta indemnización va incluido ya el coste del desplazamiento para que los presidentes entreguen la documentación electoral en el juzgado correspondiente por la noche, salvo en el caso de las grandes ciudades, las que tienen más de 500 mesas, en las que tienen derecho a un suplemento de 15 euros. Es decir, cobrarán en estos casos 86 euros.

El real decreto recoge los detalles habituales en todos los procesos electorales incluido el modelo de papeleta que se puede utilizar, en papel blanco con tinta negra impresos por una sola cara, el tipo de sobres, todo tipo de certificados de Correos, la solicitud de voto por correo para el territorio nacional y para quien reside en el extranjero o las actas electorales, entre otros documentos, todos ellos en castellano, en catalán y en aranés.

También los Mossos d'Esquadra y las policías locales tienen derecho a un complemento por los "servicios extraordinarios", que se abonarán a 122 euros por colegio electoral, la misma cantidad que se repartirán los miembros de la administración que el día de las elecciones trabajen para obtener los datos y trasmitir el escrutinio. Estos últimos cobrarán 153 euros si acumulan dos mesas electorales y si acumulan tres, 175 euros.

Los ayuntamientos son los que corren con buena parte de estos gastos, pero tienen derecho a un adelanto del coste total, que deberán certificar después de las elecciones los secretarios municipales.

PERMISOS RETRIBUIDOS PARA LOS TRABAJADORES

En estas normas complementarias recogen también los permisos a los que tienen derecho los ciudadanos que tengan que atender las mesas, en una jornada de votaciones que será laborable, un jueves. Los trabajadores (tanto funcionarios como de empresas privadas) tendrán derecho a cobrar esa jornada y a descansar las cinco primeras horas, también retribuidas, del viernes. Los apoderados de los partidos tendrán derecho igualmente a cogerse el día y cobrarlo.

Además, como es habitual, los ciudadanos en general que ese día trabajen tienen derecho a que en su empresa les concedan hasta un máximo de cuatro horas para acudir a votar.

CAMPAÑA INSTITUCIONAL

Como en todos los procesos electorales, también en el del 21 de diciembre la Generalitat de Catalunya llevará a cabo una campaña institucional. Se regirá por la catalana de publicidad institucional del año 2000 y por la ley autonómica de comunicación audiovisual de 2005.

Esta última norma recoge que en periodo electoral los medios de comunicación deben garantizar "especialmente la pluralidad informativa". Y añade: "Los medios públicos deben asegurar una información suficiente sobre las diversas ofertas electorales y sobre la actividad de los representantes salientes".

Esta misma norma señala que serán las administraciones de Catalunya las encargadas de las campañas institucionales dirigidas a informar a los ciudadanos sobre la fecha de votación, el procedimiento para votar y los requisitos y los trámites del voto por correo.

Durante la campaña electoral, los medios públicos deberán conceder espacios gratuitos a los partidos para que hagan propaganda, tanto en radio como en televisión y en horarios de gran audiencia.

INDEMNIZACIONES PARA LAS JUNTAS ELECTORALES

Estas normas recogen igualmente los modelos de urnas que se deberán usar en las elecciones de diciembre, transparentes y de determinadas medidas, así como de cabinas, de sobres y papeletas.

Otro apartado es el de las indemnizaciones que les corresponden a los miembros de las juntas electorales. Los presidentes de las juntas provinciales, según el tamaño de cada circunscripción, tienen derecho a cobrar entre 2.500 y 3.400 euros de indemnización; los secretarios, entre 2.350 y 3.200 euros; los vocales, entre 600 y 1.500 euros y los delegados de la oficina del censo electoral, de 1.280 euros a casi 1.500, siempre según el tamaño del censo que les toque atender.

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