Las 14 reformas pendientes en Justicia, a contrarreloj por la agenda electoral

La falta de tiempo y la vorágine de la agenda electoral amenazan con devorar algunas de las 14 reformas impulsadas por el Ministerio de Justicia en esta legislatura, pendientes de la aprobación del Congreso y Senado para su inmediata entrada en vigor.

Toda una lucha contrarreloj acentuada no solo por los tiempos que maneja el calendario legislativo, sino también por la intensa carrera electoral, puesto que la futura fecha de los comicios generales marcará el devenir de las reformas del Ministerio de Justicia.

Fuentes departamentales confían en que la mayoría de las normas pendientes se apruebe antes de julio, si bien Justicia tiene fijado septiembre como mes límite para su aprobación, ante la más que probable celebración de elecciones a finales de noviembre, lo que obligaría a disolver las Cortes entre 30 y 60 días antes.

Así, los parlamentarios disponen de menos de seis meses (agosto es inhábil) para sacar adelante las reformas, algunas de las cuales llevan hasta un año de tramitación en las cámaras, de ahí las dudas hacia la aprobación de las impulsadas por el ministro de Justicia, Rafael Catalá.

Fuentes de Justicia reconocen que los tiempos son los que son y que, tras haber presentado las principales reformas anunciadas por el ministro, Catalá trabaja “incansablemente” para cumplir con el calendario.

Menos optimistas son algunos diputados y senadores consultados por Efe, que afirman que si el tiempo es un problema real, no lo es menos los compromisos de partido que deben afrontar muchos de ellos en un año cargado con hasta cuatro citas antes las urnas. “Estamos hasta arriba”, aseguran.

Corría el mes de octubre cuando el titular de Justicia presentó su 'hoja de ruta' en el Congreso bajo la premisa de reformas menos ambiciosas pero más concretas e inmediatas para aligerar su tramitación parlamentaria.

Atrás queda la frase de “pocas leyes pero buenas” que pronunció el titular de Justicia, puesto que desde entonces su departamento ha aprobado cinco proyectos de ley en apenas cinco meses, más el pacto antiyihadista.

Cualitativamente no se trata de reformas ambiciosas, pero sí cuantitativamente si se suman a las ocho normas pendientes que manejan diputados y senadores, 12 y 2 respectivamente.

De hecho, Justicia subrayó en rojo el mes de marzo como horizonte límite para presentar sus reformas ante el Consejo de Ministros y remitirlas al Congreso.

Y es que Catalá no esconde que más allá de esta fecha se considera prácticamente inviable su aprobación por las Cortes, ante el escaso tiempo que queda de legislatura.

Por si fuera poco, fuentes departamentales señalan que aún quedan pendientes dos proyectos de ley para poder concluir la 'hoja de ruta' de Justicia: el código mercantil y la ley de corresponsabilidad parental.

Por lo tanto, es posible que Catalá vuelva a acaparar un Consejo de Ministros como sucedió en las últimas semanas, cuando presentó hasta cinco proyectos de ley, entre ellos dos normas vertebradoras del ordenamiento jurídico: la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Enjuiciamiento Criminal (dividida en dos normas, una orgánica y otra ordinaria).

Sin embargo, el ministro ha optado por presentar un perfil bajo de ambas reformas, que en nada recuerda a los propuestas de su antecesor en el cargo, Alberto Ruiz-Gallardón, que pretendía crear normas nuevas y no reformas parciales, como finalmente ha sucedido.

Estas tres normas se encuentran en trámite de enmiendas a la totalidad en el Congreso, junto a la Ley de Enjuiciamiento Civil y la regulación del estatuto del miembro nacional de Eurojust, y son las que enfrentan más posibilidades de quedarse en el camino porque los tiempos parlamentarios están cogidos con pinzas.

También en la Cámara Baja, pero en plazo de enmiendas parciales, está la ley de jurisdicción voluntaria y la reforma del Registro Civil.

Por su parte, el Senado tramita en la actualidad el estatuto de la víctima y un proyecto de ley que regula el derecho de imputados y acusados a la asistencia gratuita de un intérprete y que traspone dos directivas europeas sobre los derechos a la información, la interpretación y la traducción en procesos penales.

Más fácil lo tienen la reforma del Código Penal y la proposición de ley de medidas de lucha contra el terrorismo yihadista que, tras el visto bueno de la Cámara Alta, serán aprobadas en las próximas semanas por el pleno del Congreso tras ser enmendadas en el Senado.

Completan el paquete de normas pendientes de aprobación la ley de asistencia jurídica gratuita, el proyecto de ley que dará la nacionalidad española a los sefardíes y la reforma de la ley hipotecaria y de la ley del catastro.