La transparencia de los partidos, una “llave que quema”

“Ustedes señorías tienen realmente la llave para una mayor credibilidad ciudadana en los políticos y en quienes nos gobiernan”, les ha dicho esta semana el presidente de Transparencia Internacional España, Jesús Lizcano, a los miembros de la comisión del Congreso que discute la futura ley de transparencia.

“Nos ha entregado la llave para el problema de la corrupción, pero es una llave que quema”, le respondió el diputado del PNV Emilio Olabarría.

En pleno caso Bárcenas, y en plena crisis de desprecio de la gente a los políticos, el joven catedrático de Economía y el veterano jurista se referían a lo mismo: la opacidad de las cuentas de los partidos y la oportunidad de marcar en este momento un “punto de inflexión”.

Para ello, tienen a mano la inconclusa Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, una de esas leyes tan ambiciosas que por sí mismas justifican una legislatura, según sus promotores.

Con esta ley, el Gobierno -y especialmente su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría- parece plantar cara a la desconfianza ciudadana, desde la óptica de que la principal herramienta en la lucha contra la corrupción puede ser el acceso a la información.

Además, a día de hoy, el texto recoge un amplio catálogo de principios éticos y más de una treintena de infracciones, con sus correspondientes sanciones, de aplicación a los miembros del gobierno, secretarios de Estado y resto de altos cargos de la Administración del Estado y el sector público estatal.

El proyecto de ley prevé sanciones como la destitución, la no percepción de la pensión indemnizatoria y la inhabilitación para los altos cargos que utilicen su puesto para obtener beneficio indebido para sí o para otro.

Las mismas consecuencias jurídicas recoge para casos de malversación de fondos públicos y de incumplimiento injustificado de la obligación de rendir cuentas, entre otros.

Sin embargo, ¿no se debería extender su ámbito de aplicación a los partidos políticos?

Las más de 50.000 personas que firmaron el pasado martes esa petición a través de la página tuderechoasaber.es -alojada en la plataforma de peticiones Change.org- así lo creen.

“Los partidos políticos se financian en su mayor parte con fondos públicos y, por lo tanto, deberían responder a las mismas exigencias de transparencia que cualquier otro organismo público”, explican los creadores de la petición.

El presidente en España de Transparencia Internacional, única ONG a escala universal dedicada a combatir la corrupción, coincide: “en todo caso, los partidos tendrían que hacer públicas sus cuentas, el detalle de sus gastos, ingresos, y fuentes de financiación, así como los bienes que integran su patrimonio, con el debido desglose”.

La propuesta hasta ahora sólo ha sido aplaudida por partidos minoritarios como el PNV y UPyD, que ya publica sus cuentas en su web.

“¿Pero hasta dónde habría que extender la lista de sujetos aplicados?”, planteó en la Comisión Constitucional el diputado socialista José Enrique Serrano.

La lista se podría extender a organizaciones sindicales, patronales, Casa Real, Iglesia Católica y otras empresas y entidades privadas que prestan servicios públicos o que perciben fondos públicos.

Sin embargo, el criterio de intensidad financiera de fondos públicos vuelve a colocar a los partidos en posición asimétrica, ya que el 80 por ciento de su financiación es pública.

Ante este debate, el dirigente del PP Esteban González Pons señala que la ley de transparencia “no es una ley contra la corrupción, sino una ley de buenas prácticas, que incluye la lucha contra la corrupción”.

González Pons también recuerda a Efe que hace sólo dos meses que han modificado la 'ley de partidos' y que les han aplicado un “régimen de transparencia que se anticipa a la propia ley de transparencia y que no se aplica a ninguna otra institución pública privada o mixta”.

Transparencia Internacional replica que no es lo mismo que se publiquen las cuentas cuando ya las ha supervisado el Tribunal de Cuentas -lo que ocurre con años de retraso- que hacerlo en tiempo real.

El jurista Antonio Garrigues Walker, también miembro del comité ejecutivo de esa ONG, cree que la ley de transparencia se aprobará finalmente sin incluir a los partidos, aunque pronostica que “poco a poco las instituciones no afectadas lo terminarán estando” y ve “inevitable que terminen estando partidos y sindicatos”.

“Que nadie crea que es una tarea imposible luchar contra la corrupción. Es fácil y asequible en el momento en que haya unanimidad en la voluntad política”, asegura este experto.