“Todo vale” contra el terrorismo

“Todo vale” contra el terrorismo en países como Nigeria y Kenia. Violencia contra violencia, el Estado responde a los atentados con arrestos indiscriminados e ilegales, ejecuciones extrajudiciales o incluso torturas, dejando a un lado los derechos humanos.

“Estamos viendo una tendencia a que 'todo vale' en nombre del antiterrorismo”, advirtió esta semana la directora para África de Human Rights Watch (HRW), Leslie Lefkow.

Kenia, Nigeria, Sudán y Sudán del Sur, Etiopía y Somalia son los países donde más abusos se cometen en nombre de la lucha contra el terrorismo en África subsahariana, según el informe anual de esta organización.

“La violencia contra la violencia no es efectiva” y sólo “genera frustración en la comunidad que está siendo acosada y perseguida”, remarcó Lefkow.

Otro estudio publicado por Amnistía Internacional señala que el Ejército de Nigeria tortura de manera sistemática a los supuestamente vinculados con el grupo yihadista Boko Haram, con métodos que incluyen palizas, disparos y violaciones.

Desde 2009, -según datos de esta organización- el Ejército ha detenido y torturado al menos a 5.000 personas.

“Los soldados capturan a cientos de personas en su búsqueda de individuos relacionados con Boko Haram, y luego torturan a los sospechosos en un proceso de criba que recuerda a la caza de brujas de la Edad Media”, señala el director de investigación de AI, Netsanet Belay.

Según esta organización, la tortura está tan integrada en la actuación policial que en muchas comisarías existe el puesto no oficial de “responsable de torturas”.

Por su parte, HRW ha denunciado las ejecuciones sumarias de más de 600 detenidos tras los recientes ataques de Boko Haram en Maiduguri. “Vemos un patrón de fracaso en la investigación y persecución judicial de estos casos”, apunta Lefkow.

Kenia, donde en 2014 aumentaron los ataques de la milicia somalí Al Shabab, está dando a su vez una “respuesta abusiva” contra el grupo terrorista, que incluye acoso y detenciones masivas de ciudadanos de etnia somalí, pero también desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales de sospechosos.

Según denuncia el Human Rights Report 2015, la organización encontró pruebas de al menos 10 ejecuciones extrajudiciales perpetradas por la unidad antiterrorista keniana (ATPU).

La policía keniana ha estado implicada en cientos de ejecuciones extrajudiciales, de un disparo en la cabeza en un sitio público, o secuestrados de sus casas, en los últimos seis años.

El subdirector para África de HRW, Babatunde Olugboji, explicó a Efe que, con esa “violencia desproporcionada” ponen a la sociedad civil en riesgo, “pues quieren matar a un terrorista, y matan cientos de civiles”.

En su opinión, las fuerzas de seguridad -auspiciadas por el Gobierno- “están a veces empujando a la población a unirse a los grupos terroristas” con su campaña.

Según recoge un informe (2014) del Instituto para Estudios de Seguridad (ISS, en inglés), Al Shabab está incrementando el reclutamiento de yihadistas entre los jóvenes kenianos aprovechando el descontento que sienten al creer que su Gobierno está amenazando la pervivencia del Islam.

“En lugar de construir una confianza pública en la habilidad de las fuerzas de seguridad para combatir los ataques, las operaciones antiterroristas sólo han generado enfado público y desconfianza”, afirma el director de HRW, Kenneth Roth.

“El gobierno de la ley” es lo más importante en la lucha contra el terrorismo, señala a Efe Olugboji. La gente tiene que confiar en el sistema judicial de su país, saber que sus denuncias van a ser investigadas, insiste.

Porque las sanciones internacionales, o incluso el “último recurso” que es la Corte Penal Internacional no son la solución a largo plazo: “Las fuerzas de seguridad tienen que rendir cuentas ante los tribunales nigerianos o kenianos”, defiende Olugboji.