Las víctimas colombianas piden que la violencia sexual sea delito de lesa humanidad

Las víctimas colombianas volvieron hoy a alzar su voz en la mesa de negociación de La Habana con peticiones como la consideración de la violencia sexual como delito de lesa humanidad, el fin del reclutamiento de niños por parte de grupos armados o la reparación para los exiliados por el conflicto.

Los negociadores del Gobierno y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) recibieron este domingo al cuarto grupo de afectados por el conflicto que ha viajado a La Habana, dentro del debate sobre reconocimiento y reparación a las víctimas, el punto que discuten actualmente las partes.

En esta sesión, la mesa de negociación escuchó los testimonios de seis mujeres y seis hombres, de los cuales tres han sido víctimas de paramilitares, dos de la guerrilla, dos de agentes del Estado y cinco de varios grupos armados de manera conjunta.

Una de las principales solicitudes del grupo fue que la violencia sexual que miles de mujeres han padecido durante el conflicto se considere delito de lesa humanidad y que se garantice a esas víctimas “acompañamiento psicológico y social, pero sobre todo justicia”.

“Las dos partes tienen que reconocer que la violencia sexual es crimen de lesa humanidad”, dijo en conferencia de prensa Jineth Bedoya, periodista del diario colombiano El Tiempo, víctima de secuestro, tortura, amenaza de muerte y violación por parte de paramilitares y que también sufrió años más tarde un breve secuestro a manos de las FARC.

Este grupo de víctimas también puso el acento en cómo han sufrido la violencia los más inocentes: los niños; por lo que reclamaron que con urgencia se ponga fin al reclutamiento de menores por parte de grupos armados.

También exigieron que el estado colombiano y la guerrilla salden su deuda con quienes tuvieron que exiliarse a causa del conflicto para quienes demandaron un protocolo de reparación y su retorno digno y con garantías.

Como ha sucedido con anteriores grupos de víctimas, estos afectados pidieron garantías para su propia seguridad a su retorno a Colombia, debido a las amenazas que han recibido varios de los integrantes de otras delegaciones que han viajado a La Habana.

Estas amenazas preocupan a las víctimas, a los negociadores de paz y también a la oficina de Naciones Unidas en Colombia, cuyo director Fabrizio Holdschild, lamentó que queden en la impunidad esos actos de intimidación a las víctimas que están participando en los diálogos de paz en Cuba.

Una de las novedades de esta audiencia en La Habana entre negociadores y víctimas fue la participación, no presencial sino mediante un vídeo, de un guerrillero de las FARC en prisión por los delitos de secuestro extorsivo y homicidio culposo.

Se trata de Tulio Murillo Ávila, alias “Alonso”, quien en esa grabación denunció las violaciones de los derechos humanos en el sistema penitenciario colombiano.

Según explicó a los medios Marco Romero, de la Universidad Nacional de Colombia, en este testimonio grabado el guerrillero solicita que los derechos de la población penitenciaria relacionada con el conflicto sean tenidos en cuenta en el eventual acuerdo de paz y que una comisión internacional verifique la situación de las cárceles.

Sobre el propio proceso de paz y en la misma línea que otros grupos de víctimas, éste instó a las partes a continuar la negociación hasta alcanzar un acuerdo a pesar de las dificultades que rodean a las conversaciones.

“Como sobrevivientes del conflicto armado le manifestamos a la mesa que no permitimos como víctimas, que tenemos la autoridad moral para exigirlo, que se levanten de esa mesa”, dijo Jineth Bedoya a pesar, dijo, de que son conscientes de la complicaciones y de que vienen “días duros para esta negociación”.

Tras la comparecencia de estas víctimas, gobierno y guerrilla dieron por concluido el 30 ciclo de sus conversaciones de paz, que se retomarán en La Habana el próximo 18 de noviembre.

En una declaración divulgada este domingo, el jefe de los negociadores del gobierno colombiano, Humberto de la Calle, destacó que se han producido “importantes avances” en el tema de las víctimas en esta última ronda de conversaciones.

Valoró especialmente que los delegados de las FARC hayan reconocido su responsabilidad en los daños que han causado a la población civil y el compromiso de asumir sus responsabilidades por sus actos de guerra, un paso “importante” según De la Calle aunque no suficiente.

Aprovechó también para aclarar y recordar que es un “imperativo” que las FARC abandonen las armas cuando se firme un acuerdo definitivo de paz y recordó a la guerrilla que la “dejación de armas” solo se aplica para los grupos armados ilegales y no para el Estado y su Fuerza Pública.