La crisis judicial y la violencia machista persisten en Bolivia, según la ONU

La crisis en el sistema judicial de Bolivia y la violencia machista que en 2014 tuvo más de un centenar de víctimas son los dos principales problemas en materia de derechos humanos que persisten en este país, alertó hoy la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).

Estas consideraciones figuran en el informe de la OACNUDH sobre las actividades de su oficina en Bolivia durante 2014, que el representante de esa entidad, Denis Racicot, presentó este miércoles a los medios en La Paz.

Racicot indicó que los problemas “estructurales y de larga duración” de la justicia boliviana continuaron el año pasado “y en muchos casos se agravaron”.

“Estas deficiencias que aún no se han corregido continúan siendo un reto para Bolivia a pesar de que la reforma de la justicia empezó hace más de cinco años”, señaló.

Según Racicot, la reforma judicial “no ha dado sus frutos” e “incluso el año 2014 quizás fue el peor de los últimos años en cuanto a los problemas” que la OACNUDH ha señalado “en forma repetitiva” en sus últimos cinco informes.

La crisis en la Justicia boliviana se debe, entre otros factores, a la lentitud en los procesos, la corrupción, las dificultades de acceso de la población al sistema judicial y la presión política sobre jueces y magistrados.

En febrero de 2014 se reavivó la polémica sobre este problema debido a una serie de dimisiones de altos cargos en ese órgano y destituciones de fiscales por supuesta corrupción.

A principios de este año, el presidente Evo Morales abrió las puertas a una posible reforma constitucional para atajar los endémicos problemas de la Justicia boliviana, que no pudieron ser superados con la elección de los magistrados de los cuatro principales tribunales mediante el voto popular en 2011.

En aquellos comicios fueron elegidos 56 magistrados, en medio de críticas de la oposición porque los candidatos fueron preseleccionados en el Parlamento, controlado por el oficialismo.

Racicot indicó que al tratarse de problemas estructurales “no se pueden cambiar de un día para otro”, pero resaltó algunos esfuerzos que se han realizado para superarlos, incluido un proyecto financiado por la Unión Europea y la cooperación española para mejorar la independencia judicial y el acceso a la Justicia.

Insistió en que el país tiene que abordar esos temas “estructurales y verdaderos” este año para lograr avances importantes “porque la población ha perdido mucha confianza en el sistema judicial”.

Otro asunto que preocupa a la OACNUDH es el “elevado número de feminicidios” registrados el año pasado (105 hasta octubre), además de los prolongados tiempos procesales y las “pocas sentencias” dictadas para castigar la violencia de género.

Racicot destacó que Bolivia cuenta con los “instrumentos normativos necesarios” en esta área, pero consideró necesario acompañar las normas con “un esfuerzo financiero más importante”.

“También, a la par de la reforma de la justicia, los operadores de justicia deben responder de una forma más adecuada a la situación”, añadió.

El informe de la OACNUDH plantea diez recomendaciones a las autoridades bolivianas, incluidas la definición de “un plan integral de reformas judiciales” con medidas de corto y largo plazo y la adopción de “medidas urgentes” contra la violencia de género.

También pidió investigaciones prontas e imparciales en los casos de linchamientos y que se cumplan los protocolos internacionales para garantizar la vida e integridad de las personas privadas de libertad, entre otros asuntos.