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OCP España, ¿dígame?

El remake de Robocop recupera el tema de la privatización de la seguridad, en versión ciencia ficción.

A veces me resultan chocantes las razones de la sorpresa, o indignación, que muestra la gente ante noticias que hacen referencia a las leyes o a su ejercicio ante los tribunales. Porque muchas veces el tratamiento informativo no hace más que arañar la superficie, recrearse en la anécdota y se dejan lo verdaderamente importante. Si se le explicara a la gente el verdadero alcance de algunas de las cuestiones de actualidad relacionadas con el Derecho, quizás el grado de indignación subiría varios enteros. Sirva como ejemplo el proyecto de Ley de Seguridad Privada que tanto revuelo ha causado esta semana.

Así, ha causado alarma social el dato de que los vigilantes de seguridad podrán llevar a cabo detenciones. Déjenme que les lleve de paseo por nuestra viejuna legislación procesal: el artículo 490 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al regular los supuestos en los que se puede proceder a la detención de una persona, comienza hablando de las detenciones que puede practicar cualquier ciudadano particular. El catálogo es amplio y abarca desde evitar la comisión de un delito a atrapar a un reo que se encuentre fugado.

Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? Pequeños matices. Se añaden pequeños detalles por aquí, se eliminan algunas trabas por allá, y se hace encajar el conjunto con otras normas, aprobadas o en proyecto.

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La física de la corrupción

Mucha gente se pregunta sobre el porqué de la dificultad de persecución de los llamados delitos “de cuello blanco”. Se refieren a aquellos que se cometen por personas que no cuadran con el estereotipo de ladrón de los tebeos de Escobar, ya saben: el “Manitas de Uranio” con su jersey a rayas, su gorra y su antifaz, entrando por una ventana con la palanqueta en una mano y la linterna en la otra.

Hablamos, por el contrario, de tipos trajeados, a veces incluso con buen gusto, con una camisa de cuello impoluto y una corbata de seda, prendas que tratan de lanzar un mensaje a los cuatro vientos: “Eh, yo soy un tipo respetable”. Aunque luego sus dueños la caguen con un abrigo con solapas de piel, al más puro estilo del Al Capone interpretado por Robert de Niro en Los intocables de Elliot Ness.

La cuestión es que el Derecho Penal ha evolucionado bastante poco desde aquellos tiempos remotos de los que les hablaba hace no mucho: es una rama del ordenamiento jurídico dolorosamente materialista, se basa en lo físico, en lo tangible. Se puede comprobar cuando choca de frente con realidades modernas como los delitos cometidos a través de bits y bytes, que son intangibles por naturaleza: el artículo 197, por ejemplo, habla de “apoderarse” de mensajes de correo electrónico, como si uno pudiera atraparlos al vuelo y metérselos en un bolsillo, o de “permanecer dentro de un sistema informático contra la voluntad” de sus titulares, como si los intrusos se colasen dentro de los ordenadores ajenos de una forma literal, con la palanqueta y la linterna antes mencionadas. El legislador pilla muy mal las metáforas y está más preparado para tratar con los "Manitas de Uranio" de la vida real.

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WiFi robada

Esta semana se ha conocido la detención de un sujeto en Vallecas. Lo noticiable del caso es que esta persona estaba conectándose de forma no consentida a las redes WiFi de sus vecinos. Y ya tenemos el titular llamativo: Detenido por piratear la WiFi.

Vamos a ir por partes, como diría Jack el Destripador, diseccionando la noticia, para que tengan ustedes algo parecido a lo que de verdad pudo pasar.

Si leen la noticia detenidamente, verán que la policía, en realidad, estaba buscando a alguien que se dedicaba a acosar a menores a través de Internet, lo que se ha dado en llamar “child grooming”. El autor de este tipo de conducta contacta con adolescentes, o preadolescentes, y mediante engaños o presiones consigue que estos le faciliten fotos o vídeos de sí mismos en poses eróticas, cuando no abiertamente pornográficas. En muchas ocasiones, lo que exige el sujeto es que el menor conecte la webcam de su ordenador y le haga un show privado para su propio disfrute.

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¿Dónde está el libro de reclamaciones?

En la mitología griega existe un personaje que me llama poderosamente la atención. Se trata de Casandra, la hija del rey de Troya, quien fue maldita por los dioses con la facultad de predecir el futuro... y que nadie le hiciese ni puñetero caso.

No seré yo quien pretenda atribuirme facultades adivinatorias, pero lo cierto es que hace algún tiempo les hablé de cierta mínima modificación en la reforma del Código Penal que se estaba gestando en el Ministerio de Justicia, que no estaba obteniendo grandes titulares como la prisión permanente revisable. Tampoco, y perdonen el manido tópico, estaba "incendiando las redes sociales", como los delitos contra la propiedad intelectual, reescritos para castigar conductas hasta ahora consideradas atípicas por los jueces: la creación y gestión de páginas de enlaces de descarga directa.

Me refiero, por supuesto, a las faltas, ese "delito de chichinabo" que ocupaba el Libro III de nuestra norma sancionadora por excelencia. Me preocupaba entonces, y me preocupa hoy día todavía más, esa desmembración del concepto, pasando las faltas contra el patrimonio y otras similares a la categoría de "delitos leves". Pero también dejé constancia de la alarma que me producía que ciertas conductas pasaran a ser punibles exclusivamente en vía administrativa.

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Estadísticas criminales

Policías trasladan a los juzgados de Ourense al presunto asesino de un anciano.

Cuando se debate sobre la mayor o menor dureza del sistema penal español, surge invariablemente un mantra: tenemos una de las tasas de criminalidad más bajas de los países de nuestro entorno. Lo comentaba, hace no mucho, aquí mismo, Ignacio Escolar, en unas excelentes reflexiones sobre la pena de prisión en España. Casualmente, esa misma semana publiqué algo que iba en la misma línea, porque en mi humilde opinión, los delitos de la escala inferior del Código Penal están castigados con penas de prisión desproporcionadas.

La frase en cuestión tiene un sólido origen basado en datos: Eurostat, la oficina estadística de la Comisión Europea, que ofrece tablas comparativas de los países de la Unión en cuestiones como ésta. Sus resultados parecen inapelables. En España se cometieron cerca de 2.300.000 delitos en 2010.

Parecen muchos pero, con nuestros 46 millones de habitantes, realmente son pocos para lo que tenemos alrededor: Alemania, que no llega a duplicarnos en población, tuvo casi el triple de delitos, casi seis millones; Holanda, con un tercio de nuestra población, tuvo un 1.200.000 delitos, tan sólo la mitad que nosotros.

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Estimada socia

Cuando un asunto judicial acapara titulares de portada, sus entresijos procesales suelen ser examinados con lupa, con mejor o peor fortuna. Con no poca frecuencia, se trata de causas sobre delitos económicos, relacionados con la corrupción, que soliviantan al ciudadano. Sobre todo, cuando la investigación judicial se atasca o cuando pincha en hueso. La sensación permanente es que el poderoso resulta impune, mientras el pueblo es aplastado por el rodillo de la Justicia.

No conozco los casos de alto nivel en primera persona, ya que no soy más que un “machaca” de la Justicia, que trabaja en provincias. Lo único que hago aquí es análisis jurídico, con fines divulgativos, de material disponible de fuentes públicas.

Pero, desde luego, si de algo puedo hablar con conocimiento de causa, es de los casos de menudillo, de los que ocupan al común de los ciudadanos, y que abarcan la práctica totalidad de mi quehacer diario. Y le puedo decir, estimada socia, que su temor es infundado. La impunidad no es coto reservado de los poderosos. Los imputados de a pie también se escapan por las rendijas del sistema.

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Mi disco me lo borraron

Esta semana se ha conocido el auto del Juzgado de Instrucción nº 32 de Madrid, que archiva provisionalmente el caso de los famosos discos duros de los ordenadores de Bárcenas, los que usó durante su trayectoria como responsable de cuentas del Partido Popular. Esos que, al ser pedidos por el juez Ruz, resultaron haber sido sustituidos y eliminados, tras haber sufrido un presunto protocolo de protección de datos. El contenido de esos discos resultaría de interes para contrastar la autenticidad de los documentos aportados por Bárcenas en un pendrive USB, relativos a la contabilidad del partido, pues en ellos estaría la versión original de los archivos.

En su día, se pidió que el Juzgado Central de Instrucción nº 5 dilucidara los posibles delitos cometidos al retirar y destruir los discos duros de los dos ordenadores en cuestión. El juez entendió que podrían haberse cometido delitos de daños informáticos y de encubrimiento, pero que no existía conexión, según los criterios del artículo 17 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con la causa que él estaba investigando. Es decir, que deberían investigarse en un procedimiento aparte, con el problema de que esos dos delitos, como hechos independientes, no son competencia de la Audiencia Nacional, en virtud del artículo 65.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por ello, envió la causa al Juzgado Decano de los de Madrid para que la turnara a reparto. Antes de seguir, les confesaré que no termino de entender cómo un encubrimiento no encaja como un guante en el nº 4 del artículo 17 LECr. Será que soy muy torpe.

El asunto fue a parar al nº 32, y éste es el que, previo informe favorable del Ministerio Fiscal, ha aceptado la competencia, para a continuación, archivar provisionalmente la causa. Y, claro, viene el escándalo. "Carpetazo", se lee en la prensa. Se van a ir de rositas otra vez, intuye el ciudadano medio.

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El problema está por abajo

Cada vez que se discute sobre la dureza de nuestro sistema penal, invariablemente sale alguien que cita el artículo 25.2 de la Constitución, y habla de que las penas tienen que estar orientadas a la reinserción. Podría dar lugar a una regla como la de Godwin, ya saben, esa de que, a medida que un debate en Internet se alarga, la probabilidad de que alguien enarbole a Hitler o a los nazis como argumento tiende a uno.

Pues bien, las penas tienen esa finalidad, desde luego, pero no es la única. De ser así, podría dar lugar a resultados absurdos, o aberrantes, como luego veremos. Las otras tres finalidades, sin ánimo de meternos en tratados de Derecho Penal, son la retributiva (el viejo “el que la hace, la paga”), la de prevención general (también conocida como “escarmiento público”) y la de prevención especial (el “para que aprendas” de los castigos paternos). Nuestro texto constitucional sólo menciona la de resocialización porque quiere darle prioridad, pero priorizar una no significa olvidar las demás.

Piensen en ese padre de familia divorciado, un tanto reservado, con una relación de odio y enfrentamiento con su exmujer, al que un día se le va la olla y asesina a sus propios hijos, sólo para hacer daño a la madre. Casos similares nos exponía nuestra profesora de psiquiatría forense y terminaba con la misma conclusión: ese hombre está reinsertado desde el momento inmediatamente posterior a su horrendo crimen. Ante nuestra expresión ojiplática, la buena doctora continuaba: ese hombre ha convertido la enemistad con su mujer, el odio que siente por ella, en el eje de su existencia y único motor de sus actos. Una vez consumado el delito, pierde la razón de ser de su vida, y por ello muchos tipos como éste se suicidan tras sus crímenes: no por arrepentimiento, sino por el insondable vacío que queda en su universo. Lo que está claro es que las circunstancias en las que se convirtió en un asesino, que son irrepetibles, han desaparecido. En todos los demás aspectos de su vida, era un ciudadano ejemplar, por lo que, en términos técnicos, su reinserción es completa.

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Rule 39 o la importancia de saber inglés

Los lectores habituales de “¡Protesto, señoría!” saben que soy más dado a la crítica que al halago. El mismo título de este blog hace referencia a que se trata de una llamada de atención sobre cosas que, desde mi humilde perspectiva de leguleyo, considero mal hechas. Sin embargo, nobleza obliga, hay que descubrirse ante los logros ajenos. Y en la causa que nos ocupa, sinceramente, el trabajo de los abogados de la defensa ha sido canela fina.

¿Que son las medidas cautelares? La Justicia es lenta. Todo el mundo lo sabe. En el caso español, los trámites procesales y la carencia de medios de la Administración de Justicia hacen que esa lentitud sea exasperante. En las charlas de café del trabajo, frecuentemente comentamos con estupor el llamado “Caso Madoff”, y es por dos aspectos: el sustantivo, que un estafador de altos vuelos fuera condenado a 150 años de prisión nos causa sorpresa, pues las penas que contempla la legislación penal española para los delitos económicos son, simplemente, de risa; desde el procesal, nos admira que un proceso de esa complejidad se sustanciara en, pásmense, seis meses.

En latín, hay una expresión que define lo que supone esta lentitud: periculum in mora, el peligro en la espera. Existe el riesgo de que la resolución judicial, cuando llegue, sea ineficaz, porque la realidad de las cosas se haya modificado de tal manera que el pronunciamiento del tribunal sea inútil. Por ejemplo, la sentencia que declare nula la demolición de una casa puede no servir para nada si, cuando se dicte, el edificio ya ha sido derribado.

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¿Quo vadis, Doctrina Parot?

Imagínense que, de pronto, una reforma del Código Penal considera delito llevar barba. Indudablemente, algunos miembros de la redacción de este medio tendrían serios problemas con la Justicia. Pero vayamos más lejos: imaginen que esta sanción penal trata de alcanzar incluso a quienes se la hayan afeitado para cumplir con la nueva norma. Sería castigar una conducta producida en el pasado, cuando no era delito, con arreglo a una norma del presente. Imagino que les parecerá una barbaridad, y perdón por el juego de palabras. En esto, reducido al absurdo, consiste la prohibición de retroactividad del Derecho Penal, uno de los principios básicos de cualquier Estado de Derecho.

La normativa sobre delitos y faltas que regía durante las primeras décadas de nuestra democracia era notablemente blandita en sus penas. Es lógico, porque en tiempos del dictador, había “soluciones” más definitivas (y bestias) para los crímenes mayores: la pena de muerte. Eliminada la pena capital del ámbito de la Justicia ordinaria con la Constitución de 1978, el sistema quedó cojo, a la espera de un texto legal de nueva factura, que fuera más acorde con las necesidades de un régimen democrático. No obstante, y a pesar de la aplastante mayoría que sostuvo al Gobierno de Felipe González durante cuatro legislaturas, nuestro legislador se lo tomó con calma, y hasta 1995 no tuvo preparado el pomposamente llamado “Código Penal de la Democracia”.

Esta pachorra legislativa tuvo el “pequeño” inconveniente que les he comentado más arriba: la prohibición de retroactividad impedía usar el nuevo Código para los delitos cometidos con anterioridad a su entrada en vigor, por lo que quedaron sometidos a la mutilada normativa franquista. ¿Y en que consistían las diferencias? Vamos a verlo.

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